Lidera Puebla capital denuncias por obstrucción de justicia y abandono de funciones

Paulina Gómez / El Sol de Puebla

Además, subrayó, obedece al mal proceder y a la posible colusión de funcionarios con grupos delictivos, como se ha evidenciado en casos de desaparición de personas.

Delitos relacionados con servidores públicos incrementan en promedio 34 por ciento entre 2024 y 2025 en Puebla

El segundo es el ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, que creció 20 por ciento, ya que en 2024 hubo 44 casos y en 2025 se registraron 53 eventos de esta naturaleza.

El tercero que aumentó, aunque en menor medida, fue el tráfico de influencias, al pasar de una a tres carpetas entre un periodo y otro.

Sobre la distribución territorial de los delitos, la información obtenida indica que, de los 153 municipios del estado en los que se iniciaron carpetas de investigación en este rubro, seis concentraron la mayor incidencia delictiva.

Casos de personas desaparecidas evidencian el mal actuar de servidores públicos

Recordó que, en un caso de acompañamiento a la familia de una víctima de desaparición, se descubrió la destrucción de evidencia.

En cuanto al abandono de funciones, mencionó que es un tema que va de la mano con lo anterior, pues cuando “se descubren sus vínculos con la delincuencia, suelen darse a la fuga y abandonar sus funciones”.

Destacó que, a pesar del incremento de carpetas de investigación, la falta de sentencias o sanciones envía un mensaje claro de impunidad.

Para combatir la problemática, dijo que deben existir áreas de supervisión externa, incluso con participación de la sociedad civil, que vigilen el actuar de los servidores públicos, quienes tienden a resistirse a ser supervisados.

El experto señaló que las consecuencias son la falta de acceso a la justicia y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

Instituciones simulan sanciones contra elementos investigados: especialista

Luego de entender lo anterior, explicó que las sanciones para servidores públicos van desde multas e inhabilitación hasta penas privativas de la libertad.

Mencionó que, en los ilícitos menos severos, hay sanciones de tres meses de inhabilitación y, en otros casos, puede castigarse con cárcel hasta por 12 años, además de la inhabilitación por el mismo periodo.

También aclaró que estos delitos no solo se centran en acusaciones penales, sino incluso en denuncias por falta de atención médica u otros servicios públicos.

Cuestionó que, aunque se ha elevado el número de carpetas de investigación contra servidores públicos, las sanciones no son visibles o, incluso, no existen, y a los acusados solo los cambian de departamento dentro de las mismas instituciones.

El experto señaló que difícilmente las instituciones desconocen el actuar de sus trabajadores o servidores públicos; sin embargo, al pertenecer a la misma estructura, no realizan las indagatorias correspondientes.