Algunas empresas no cumplen con los permisos otorgados o simplemente funcionan por debajo del agua
Guillermo Pichardo / El Sol de Puebla
Finalmente cabe destacar que estos son algunos de los conflictos que han sido visibles, pues muchos otros no alcanzan a ser públicos aunque si llegan a afectar a las comunidades por el uso indiscriminado de los recursos naturales.
La reciente toma de la embotelladora de la empresa Bonafont en Santa María Zacatepec, Puebla, ha revivido un conflicto que se ha dado en diversas zonas de la entidad y de México, que es la explotación de los mantos acuíferos lo cual desencadena una serie de afectaciones en las comunidades donde son instalados estos pozos.
El principal reclamo de las agrupaciones de Pueblos originarios deriva de que muchas de estas empresas se instalan sin autorización de las autoridades correspondientes o mediante permisos otorgados por procesos de corrupción, sin considerar los daños que puedan surgir en el área en la que se instalarán.
En Puebla vecinos de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo denunciaron a la empresa Agua de Mesa Junghanns por la perforación de un pozo de alrededor de 150 metros, pues señalaron que no cuentan con los permisos correspondientes, pues sólo se les autorizó la perforación de 30 metros.
Muchos de estos proyectos o empresas, si bien no basan su actividad en la extracción del vital líquido, si utilizan el agua para muchas tareas, entre los conflictos que se han dado en México se encuentran las amenazas al Cerro San Pedro San Luis Potosí por la explotación de una mina de oro y plata por parte de la empresa New Gold, pese a que esta zona es considerada sagrada por las comunidades locales, hecho que generó la oposición del Frente Amplio Opositor por los impactos en el agua, el medio ambiente y la salud de la población.
Otra empresa que generó la molestia de los pueblos originarios fue la canadiense Minefunders en Huizopa, Chihuahua por un proyecto de extracción a cielo abierto, ejecutado ilegalmente en las tierras de los campesinos, mismos que denuncian que la empresa obtuvo la concesión de 500 hectáreas y ocupa 3.458, invadiendo su propiedad colectiva.
De regreso a Puebla, pobladores han denunciado una violación de derechos por la empresa Almaden Minerals Iztacamaxtitlán, por la explotación de oro y plata, por lo que exigieron una consulta previa de las poblaciones y crearon la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Vida, del Agua y del Territorio, con la que denunciaron incluso al Estado mexicano.
En otro conflicto se dio la resistencia a la adquisición de tierras por la canadiense MagSilver en Buenaventura, Chihuahua, pues serían destinadas a la extracción mineral sin el consentimiento de la Asamblea de la comunidad.
