Pandemia atrasó trabajos en la Auditoría, justifica diputada morenista

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, Olga Lucía Romero Garci Crespo, argumentó que el atraso en los trabajos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se debió a la pandemia por Covid-19 y por eso tiene pendiente entregar informes individuales del ejercicio fiscal 2019.

No obstante, confió en que la relación con el auditor Francisco Romero Serrano sea buena, pues no hay otra forma de trabajar. Además, aunque dijo desconocer si el servidor público tiene intenciones de dejar el cargo o que el Congreso piense destituirlo, anunció que evaluarán su desempeño como establece la ley.

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Romero descartó un rezago por parte de la Auditoría e insistió en que la pandemia atrasó la revisión de las cuentas públicas y la entrega de los informes individuales a la Comisión Inspectora, porque los contagios de Covid-19 que hubo en la institución obligaron a cerrar por completo las instalaciones y reducir el personal.

Después de ser ratificada como presidenta de la Comisión Inspectora de la LXI Legislatura, anunció que empezarán a trabajar a marchas forzadas y que la próxima semana se reunirá con gente de la ASE, incluido el auditor, para retomar el análisis de las observaciones detectadas en los informes individuales de 2018 y 2019, los cuales deben ser revisados en la comisión y luego votados en el Pleno.

“Sí hay un trabajo pendiente, no nada más informes individuales, sino también de algunas iniciativas que considero importantes para eficientar esa fiscalización, la rendición de cuentas, ese tema que traemos de anticorrupción. Todo lo que quiere decir transformación de lo que era antes a lo que queremos seguir haciendo”, dijo.

Respecto a los señalamientos que hizo la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, de una persecución dolosa en su contra durante la revisión de sus cuentas públicas, la diputada descartó que el auditor tenga tiempo de iniciar una cacería, ya que primero tiene que abrirse una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que determinará si procede o no.