Exigen a edil explicación por avalar que estado se encargue del agua.
Iván Rodríguez Fierro
Cabe mencionar que aprovechando la situación, los habitantes también expresaron sus quejas por la falta de obra pública en el municipio, así como el problema que se viene arrastrando desde hace varios meses que es lo de la construcción de la hidroeléctrica en esa zona.
ZOQUITLÁN, Pue.- Más de 200 personas tomaron el palacio municipal, colocando cadenas en la puerta principal, tratando de tener una audiencia con el edil, Fermín González León, y con el síndico municipal, Lázaro Paulino Praxedis, para que les puedan explicar el por qué este municipio avaló la iniciativa de ley que “privatiza” el agua.
Tras la publicación de los ayuntamientos que avalaron este decreto del Congreso poblano, donde se cede el agua potable al gobierno del estado, estando este municipio entre los que aceptaron esta ley, provocó que un grupo de aproximadamente 200 personas de este municipio se manifestaran la tarde de ayer en el palacio municipal.
Mostrando cartulinas en las que cuestionan a las autoridades municipales esta decisión, este grupo las pegó en las principales puertas del edificio público, las cuales aseguraron con cadenas y candado para exigir la presencia del edil y del síndico para poder ser cuestionados sobre dicha decisión, sin nunca consensar al pueblo.
Mientras que la Policía Municipal trató de controlar este grupo de inconformes, muchos de los trabajadores del Ayuntamiento lograron salir de las oficinas, por lo que esto permitió que no estuvieran encerrados, sin embargo, se pidió el apoyo de la Policía Estado, quien arribó al municipio, teniendo un diálogo con los que iban al frente de este grupo, quienes le explicaron el motivo de la manifestación.
Al cierre de esta edición, a pesar de que había menos manifestantes ya en el palacio, aun esperaban tener un acercamiento con las autoridades, para poder expresar su rechazo por la modificación a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, la cual refiere a que sea el gobierno estatal el que se haga responsable de la distribución del líquido, quitándole esas facultades a los municipios.
