Tras un litigio se llevaron dos camiones y varias máquinas que operaban en los diferentes servicios
Dolores Martínez / El Sol de San Juan del Río
Cabe señalar que los bomberos también argumentaron que las labores para combatir los siniestros no se frenaran, sin embargo, al contar con poco equipo, el tiempo de respuesta podría prolongarse.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscrito a la delegación San Juan del Río acudió a las instalaciones de la estación de bomberos de Amealco de Bonfil para ejecutar un embargo precautorio en bienes de la corporación, en donde se llevaron camiones para sofocar incendios.
A través de un comunicado en la cuenta oficial de los vulcanos amealcenses se dio a conocer esta situación en donde citaron que: "en atención a la revisión que determinó la situación de seguridad social de 5 bomberos voluntarios, la cual culminó con la resolución que finca un crédito fiscal a cargo de la corporación por 400 mil pesos, cifra que el IMSS exige en virtud de considerar al que dichos bomberos son sujetos de inscripción al régimen obligatorio del seguro social".
En el documento se agregó que el IMSS requirió “el pago de la suma antes mencionada y no habiendo posibilidad de hacerlo exigió garantía del pago de dicha cantidad a través del embargo administrativo de dos camiones propios para el combate de incendios", por lo que agregaron 6 puntos como consideraciones.
En el primero mencionaron que los bomberos siempre se han manifestado a favor de proveer las mejores condiciones laborales y económicas en función de su capacidad financiera, que existen vacíos legales que son aprovechados por el IMSS para interpretar de manera parcial la existencia de una relación laboral entre los bomberos voluntarios y la corporación.
Que la corporación sólo subsiste a través de los recursos otorgados por gobierno del estado y aportaciones voluntarias; que a pesar de no existir legislación específica en materia que señale quién es el responsable de proveer seguridad social a los bomberos voluntarios esta corporación ha otorgado a través de una figura jurídica de prestadores de servicio un honorario acorde con sus posibilidades económicas y financieras.
Y por último, consideraron que por tratarse de un servicio público es el Estado a través del municipio quién debe proveer seguridad social a los bomberos voluntarios y que dicho argumento es fundamento de la demanda administrativa presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
