Anexos no están regulados en SLP

Ya se trabaja en una reglamentación, reveló director de PC

Oscar Mendoza, director PC — Director de Protección Civil municipal, Oscar Mendoza / Foto: Gobierno Capitalino de SLP

Miguel Mora / El Sol de San Luis

El titular de Protección Civil del Ayuntamiento capitalino, Oscar Alejandro Mendoza Hernández, reconoció que no hay una reglamentación para los llamados anexos o centros de rehabilitación, lo que ha llevado a su proliferación en la ciudad, pero que ya se trabaja en un marco normativo que procure, no solamente mejores instalaciones, sino la atención debida a sus pacientes.

Luego de la incidencia registrada hace unas semanas en un anexo ubicado en el oriente de la capital que cobró la vida de tres personas y dejó heridas a una decena, señaló que hay revisión de algunos sitios y se emiten recomendaciones, pero muchos trabajan en la clandestinidad.

“Muchos de ellos trabajan en condiciones no reguladas, ponen un establecimiento sin avisar a la autoridad”, reconoció Mendoza Hernández.

Y es que, dijo, al no existir una normativa, poco es lo que se puede hacer. “Es un campo en el que no existe todavía una reglamentación”, insistió, pero destacó que ya se iniciaron mesas de trabajo para poder regular ese tipo de centros.

Mencionó que recién se iniciaron mesas de trabajo; detalló que en la normativa trabajan los tres órdenes de gobierno, y participan dependencias diversas como Protección Civil, Comercio, Secretaría de Seguridad, la COEPRIS, Desarrollo Urbano y otras que tienen algo que aportar a esa reglamentación.

Destacó que una vez que se detalle la normatividad para los centros de rehabilitación, deberá ser enviada al Congreso del Estado para su revisión y autorización.

Cabe recordar que tras la explosión e incendio ocurrido hace unas semanas en un anexo del oriente de la ciudad, el sitio fue clausurado y se detectó que se trataba de uno más que operaba sin permiso alguno.

Al momento, se desconoce el número de establecimientos en la clandestinidad, pero la mayoría de ellos han sido detectados gracias a reportes de vecinos y, otros, por denuncias de familiares de internos, por supuestas privaciones ilegales de la libertad, maltratos y otros reclamos.