Califica como chismes las acusaciones de despojo de tierras
Mayra Tristán
Finalmente, indicó que actualmente está a la espera de que el Tribunal Agrario declare la legalidad de la asamblea donde se eligió a los representantes de la comunidad de Escalerillas para inscribirla y darle validez.
El problema en Escalerillas, donde personas que se dicen comuneros denunciaron que se convocó a ejidatarios para elegir a las autoridades de la comunidad, se debe a una confusión de conceptos en la resolución presidencial concerniente a esta zona, justificó Miguel Martínez Castro, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN).
Luego del reclamo que hicieron habitantes de Escalerillas porque las autoridades agrarias convocaron a asamblea a ejidatarios para elegir a sus representantes, el delegado del RAN indicó que este organismo convocó a los descendientes de quienes tenían una dotación de tierra, y puso en duda la existencia de comuneros en esa zona.
Lo anterior porque recordó que para ser considerados comuneros deben contar con bienes comunales asignados en la época de la Colonia, incluso los documentos contaban con sello del rey de España, y en el caso de San Luis Potosí sólo se han confirmado la comunidad de San Juan de Guadalupe y San José de Buenavista, “no sé de dónde sacaron que existen” también en Escalerillas.
Manifestó que en todo caso, los abogados de los inconformes deben demostrar que cuentan con bienes comunales, con documentos de la época de la Colonia. En ese sentido, mencionó que el Tribunal Agrario ordenó al RAN convocar a comuneros o ejidatarios para la elección de sus representantes, y el RAN se dio a la tarea de buscar en el archivo histórico a los descendientes de la dotación de tierras que data una de 1929 y otra de 1938, y fue a quienes se convocó a la asamblea.
Señaló que en este caso el problema radica en una confusión de conceptos, pues en la resolución presidencial de la asignación de tierras “habla de 5 mil 800 hectáreas que serán para la ‘comunidad’, y esa es la confusión de conceptos”, incluso dijo que el mismo problema ocurre en La Palma, en el municipio de Tamasopo.
Respecto a las denuncias de que las autoridades agrarias pretenden despojar a los comuneros de sus tierras para dar paso al desarrollo habitacional, Martínez Castro indicó que “eso es puro cuento, son puros chismes, si hacen tráfico ahí no nos metemos”, y destacó que para se pueda hacer la venta de tierras se debe contar con documentos que acrediten la propiedad.
