La seguridad cuesta 3 mmdp cada año

El diputado Edgardo Hernández informó que pedirá un incremento salarial para los policías estatales y ministeriales, por ser los primeros respondientes ante cualquier delito

Patricia Azuara

La Seguridad Pública y la Procuración de Justicia “acumulaban” por año cerca de 3 mil millones de pesos para su operación, y la inseguridad está a la alza y la delincuencia “sin control”; “¿en que se aplica todo ese recurso?”, cuestionó el diputado local, Edgardo Hernández Contreras, quien informó que en la próxima sesión, pedirá un incremento salarial, para los policías estatales y ministeriales, por ser los primeros respondientes ante cualquier delito, y los que cuenta con menos garantías laborales.

En entrevista refirió que entre los retos que debe retomar la actual Legislatura, se encuentra el “equilibrar” el Presupuesto de Egresos que presentó el Ejecutivo para este 2019, en donde es urgente incluir un aumento a los sueldos de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

"Falta socializar el sistema penal acusatorio"

“La burocracia no conoce límites y las deudas que se arrastran son pasivos que debilitan al Estado, por lo menos en cuanto a maniobras se refiere, es por ello que aunque se observen cifras de miles de millones, no se ve reflejado el resultado en las calles”.

Sin duda alguna uno de los temas cruciales para este gobierno será el de la seguridad, indicó, pues donde no hay tranquilidad nunca habrá aprobación de la ciudadanía a las tareas que realizan los poderes del Estado.

El legislador comisionado en justicia, informó que para la seguridad pública y la procuración de justicia, se gasta por año cerca de 3 mil millones de pesos, para su ejercicio; en contra parte, “la percepción de inseguridad se mantiene a la alza y la delincuencia se encuentra sin control”.

Uno de los rubros a fortalecer, dijo, es el de un mejor salario a los ministerios públicos, convertidos en fiscales, adicionado a ello un aumento salarial para los policías estatales y ministeriales, pues en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ellos se convierten en el primer respondiente.

Por otra parte, solicitará a la Fiscalía General del Estado, una lista de los elementos que están incapacitados, cuales están próximos a jubilarse y cuales están ejerciendo funciones meramente administrativas, “pues a final de cuentas, la poca o nula eficacia de Seguridad Pública, resulta en más trabajo para dicha dependencia”.