Lo ocurrido es apenas la punta del iceberg de una crisis profunda que Morena y sus aliados intentan negar
Redacción / El Sol De San Luis
Por: Senadora Verónica Rodríguez Hernández
Desde Acción Nacional lo dijimos y el tiempo nos está dando la razón. La ciudadanía está cansada de promesas vacías y de discursos que no coinciden con la realidad. Hoy vemos cómo la narrativa oficial se desmorona frente a los hechos.
La reciente detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, junto con otros funcionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, no es un hecho aislado. Es la confirmación de una realidad que en Acción Nacional hemos advertido desde hace años: el poder sin límites ni contrapesos termina por abrir la puerta a los excesos, la corrupción y la infiltración del crimen. Lo ocurrido es apenas la punta del iceberg de una crisis profunda que Morena y sus aliados intentan negar.
A este escenario se suma la renuncia de Adán Augusto, que dista mucho de ser casualidad. Forma parte de una cadena de escándalos que exhiben la descomposición interna de un movimiento que prometió ser diferente, pero que ha reproducido, y en muchos casos agravado, las prácticas que tanto criticó. Huachicol fiscal, opacidad, uso faccioso del poder y falta de rendición de cuentas se han convertido en constantes. Cuando se gobierna sin límites, la impunidad deja de ser excepción y se vuelve regla.
La detención de autoridades vinculadas con el crimen organizado debería encender todas las alarmas. No se trata de un tema partidista, sino de la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas. El país no puede normalizar que quienes deben proteger a la ciudadanía terminen señalados por colaborar con quienes la lastiman. México merece gobiernos que enfrenten al crimen, no que convivan con él.
Nuestro compromiso es claro: seguiremos señalando los abusos, exigiendo transparencia y defendiendo la democracia. México necesita instituciones fuertes, contrapesos reales y gobiernos que respondan a la gente, no a intereses oscuros. Porque cuando la ley se aplica sin excepciones y la política se ejerce con responsabilidad, gana la ciudadanía. Y esa debe ser siempre la prioridad.
