Piden destitución de Jimenez Arcadia

Regidor denuncia amenaza de muerte. El jefe policíaco "sólo abona a la intranquilidad de los potosinos"

REG AZUARA 2 — Regidor panista, Cristian Azuara Azuara y director de Seguridad Pública de la capital, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia / Especial

Miguel Mora / El Sol de San Luis

Mientras el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió la destitución del director de Seguridad Pública de la capital, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia “por no transparentar el trabajo operativo de la corporación y por registrar un aumento en la percepción ciudadana en actos de corrupción cometidos por elementos policiacos”, el regidor panista, Cristian Azuara Azuara acusó que ha recibido intimidaciones “por decir la verdad”, y anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia.

Aunque no ofreció detalles -solamente que recibió un mensaje con amenazas de muerte-, el presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, dijo que estas acciones no van a limitar su trabajo y que van a seguir alzando la voz, señalando y cumpliendo con sus labores como regidor.

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Por su parte, el dirigente panista municipal, Edgardo Jasso Puente, señaló que la ausencia de argumentos por parte del jefe de la policía municipal al no precisar en que se utilizan las patrullas solo abona a la intranquilidad de las y los potosinos.

“La presencia de estas nuevas unidades en la ciudad, parece que únicamente salen a hacer una cacería de automovilistas, es evidente que los actos de corrupción documentados por la ciudadanía van en aumento y no hay mano firme contra estos abusos”, dijo.

Agregó que, si Jiménez Arcadia no quiere informar el estado de las unidades que tienen seis meses arrendadas, que están estacionadas en la Comandancia Central, no envía representantes a reuniones vecinales y no sanciona actos de corrupción de elementos, tiene que ser destituido por estas graves omisiones.

Cabe citar que a la denuncia de Azuara Azuara se sumaron los regidores del PAN, quienes condenaron las intimidaciones al considerar que es un hecho de clara violencia política que pretende cuartar la libertad de expresión.