La magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez admitió carencias en instalaciones judiciales, principalmente en Ciudad Valles
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJ) mantiene un desempeño estable en juzgados y salas para este 2026, sin embargo, enfrenta rezagos en infraestructura y ajustes pendientes en su estructura operativa, reconoció la presidenta del organismo, la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
La magistrada explicó que los números de trabajo en salas y juzgados son positivos, pero el nuevo modelo de operación del Poder Judicial ha evidenciado necesidades no previstas, tanto en recursos humanos como en instalaciones, las cuales ya están siendo analizadas por el Órgano de Administración.
En este contexto, informó que se trabaja en medidas administrativas y convocatorias de ingreso, cuya publicación podría darse en el transcurso de este mes, con el objetivo de fortalecer áreas estratégicas y atender la carga de trabajo en distintos distritos judiciales.
Uno de los puntos más sensibles, señaló, es la situación de las instalaciones judiciales en la Huasteca potosina, particularmente en Ciudad Valles, donde la demanda de asuntos ha crecido y los inmuebles actuales no responden adecuadamente a las necesidades operativas ni estructurales.
Zarazúa Martínez indicó que se han realizado recorridos y diagnósticos en esta región, detectando inmuebles que requieren apoyo estructural y una mejor ubicación para brindar atención adecuada a la ciudadanía. Estas observaciones ya fueron planteadas al Órgano de Administración como una necesidad prioritaria.
Sobre la posibilidad de construir una ciudad judicial en la Huasteca, la presidenta del STJ aclaró que, si bien no existe un proyecto formal en este momento, se mantiene el análisis de alternativas de inversión a largo plazo, descartando en la medida de lo posible soluciones temporales como la renta de edificios.
Finalmente, señaló que el Poder Judicial continuará insistiendo en la mejora de su infraestructura y organización interna, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y responder de manera más eficiente a la creciente demanda en regiones clave del estado.
