Proponen abrogar Ley de Extinción de Dominio en SLP

Establece que los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de San Luis Potosí publicada el 29 de agosto de 2009, deberán concluirse y ejecutarse conforme a la legislación vigente al momento de su inicio.

De esta manera, se estará dando cumplimiento al artículo Transitorio Segundo y Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes señalados en el artículo segundo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, lo anterior declarado por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o retenga los citados Bienes, dicho en otras palabras, es una figura jurídica que consiste en la pérdida de derechos a favor del Estado de aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.

De conformidad con el artículo 22 de la Constitución Federal, entre los delitos susceptibles de la extinción de dominio están los derivados de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

El pasado 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señalando en su Transitorio Segundo y Tercero la abrogación de la ley federal de la materia y la consecuente armonización de la legislación respectiva en las entidades federativas respectivamente.

Es por lo que en concordancia con la disposición señalada, que la diputada María Dolores Robles Chairez consideró pertinente realizar el ajuste normativo consistente en la abrogación de la ley en cita, lo anterior en armonía con lo que establece el Pacto Político Federal, en la porción normativa respectiva.