Caso Negrete o la Policía del Pensamiento

Por momentos, la política mexicana parece empeñada en confirmar las peores advertencias de la literatura. En 1984, George Orwell imaginó un Estado que no sólo vigilaba lo que las personas hacían o decían en público, sino incluso lo que pensaban. Para ello existía la temida Policía del Pensamiento, encargada de perseguir los llamados crímenes de pensamiento: cualquier duda, crítica o disidencia frente al poder.

Guardadas las proporciones —porque México no es una dictadura totalitaria— el caso protagonizado por la diputada con licencia Almendra Negrete y la funcionaria y activista Emma Zermeño abre una discusión inquietante: ¿hasta dónde puede llegar el poder político para perseguir opiniones expresadas en un ámbito privado?

La polémica surge a partir de una conversación de WhatsApp entre Zermeño y uno de sus empleados. No se trató de un discurso público, ni de una campaña mediática, ni de una declaración institucional. Fue un intercambio privado, en un espacio que millones de personas usan a diario para expresar opiniones, emociones o incluso críticas duras que jamás dirían frente a un micrófono.

Sin embargo, la diputada decidió llevar el caso a los tribunales electorales bajo el argumento de que se trató de violencia política de género. La acusación, por sí sola, no es menor. En un país con graves antecedentes de violencia contra las mujeres, ese concepto jurídico existe precisamente para proteger a las mujeres que participan en la vida pública.

El problema aparece cuando esa figura se estira hasta el límite de su sentido original.

Porque aquí no estamos hablando de un discurso público que busque desacreditar a una candidata frente al electorado, ni de una campaña de desprestigio en medios o redes sociales. Estamos hablando de una conversación privada filtrada y utilizada posteriormente como prueba.

La propia diputada ha defendido su postura citando una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que no se vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones cuando uno de los interlocutores decide revelar el contenido de una conversación en la que participó, especialmente si de ella puede desprenderse un delito.

La interpretación jurídica existe. Nadie lo discute.

Pero otra cosa muy distinta es convertir cualquier expresión privada en un posible delito político.

Si ese criterio se normaliza, el precedente es peligroso. Porque entonces cualquier conversación en WhatsApp, Telegram o correo electrónico podría terminar en un expediente judicial si a uno de los participantes le conviene políticamente exhibirla.

El resultado sería devastador para la libertad de expresión en su dimensión más básica: la posibilidad de hablar con libertad en lo privado.

La democracia no sólo protege el derecho a hablar en público; también protege el derecho a pensar, discutir y hasta equivocarse sin que el Estado esté mirando por encima del hombro.

Cuando la política empieza a judicializar conversaciones privadas, el mensaje implícito es claro: cuidado con lo que dices, incluso en confianza.

Ese es el terreno donde comienzan a desdibujarse los límites entre la legítima defensa de derechos y la tentación de controlar la disidencia.

En su novela, Orwell describía un mundo donde el miedo obligaba a las personas a vigilar incluso sus propios pensamientos. Evidentemente México no vive esa realidad, pero algunos episodios políticos parecen caminar en dirección a esa lógica.

Porque una cosa es combatir la violencia política de género —una causa absolutamente necesaria— y otra muy distinta usar esa bandera para castigar opiniones privadas.

Si mañana un comentario hecho en confianza puede convertirse en delito político, el espacio de libertad individual empieza a encogerse peligrosamente.

Y cuando la política pretende meterse incluso en lo que decimos en privado, la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve profundamente democrática:

¿hasta dónde estamos dispuestos a tolerar que el poder vigile nuestras palabras?

Porque si algo enseña 1984 es que las sociedades no pierden su libertad de golpe.

La van cediendo poco a poco.

Primero en público.

Luego en privado.

Y finalmente, en silencio.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión