El Poder Legislativo en México se transforma, sin duda; ha logrado abatir el derroche de recursos públicos, ya no hay gastos médicos mayores, vehículos de lujo, decenas de asesores, escoltas, spa o gimnasios en sus instalaciones, regalos caros; desapareció el bono de bienvenida y las liquidaciones, los bonos decembrinos, “los moches”, entre otros privilegios que en realidad eran una forma de corromper y desprestigiar su función de control y representación popular.

Sin embargo, queda mucho por hacer para renovar esta parte de la vida pública. El alejamiento que este poder ha tenido del pueblo es inmenso. La gente siempre se pregunta allá en sus conversaciones de territorio: ¿realmente qué hace un legislador, en qué ayuda para resolver problemas prácticos de la comunidad? Por eso se confundía mucho su función con la de un gestor, y aún en estos tiempos sobrevive esa concepción, a pesar de los cambios y de que la acción gubernamental ha mejorado.

Pondré algunos ejemplos. ¿Qué sentido le puede hacer a los sinaloenses un informe donde se dice que se aprobaron reformas constitucionales y legales que dieron lugar a la creación de la Guardia Nacional, que se autorizó al Ejecutivo federal para que disponga de las fuerzas armadas en materia de seguridad, que se creó una ley en materia de uso de la fuerza, entre otras?

La labor pedagógica es señalar que uno de los compromisos del movimiento electoral de 2018 fue la pacificación del país, y que ello implica tanto atacar las causas estructurales de la violencia, a través de que el Estado recupere su función social redistribuyendo la riqueza fiscal, es decir, que los impuestos se regresen en apoyos a adultos mayores, campesinos, jóvenes, mujeres y demás sectores de la población pobre.

Pero que además se restituya el monopolio de la fuerza del Estado, regenerando las instituciones de seguridad pública, por eso se elimina la Policía Federal que se había invadido de corrupción y complicidades con la criminalidad y se da lugar a una nueva institución como lo es la Guardia Nacional, y que si bien es cierto, al principio se pensaba que los soldados deberían regresar a sus cuarteles, debido al mal uso que los gobiernos neoliberales habían hecho de la fuerza armada, era necesario que temporalmente, se mantengan en las calles coadyuvando en el proceso de pacificación, en el entendido de que el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas ya era un presidente honesto y humanista que no echaría contra el pueblo a los soldados, que no habría masacres ni el uso excesivo de la fuerza, contra nadie.

Cuando hacemos la reforma para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que tiene como objetivo brindar una búsqueda efectiva y certera a personas desaparecidas, así como un trato digno a los cuerpos y restos humanos sin identificar, no podemos dejar de pensar que ello es una buena noticia para Sinaloa, porque entre los años 2006 y 2022 en Sinaloa se registraron 10 570 denuncias de desaparición forzada de personas y que nuestro estado es una de las entidades donde desde los años del gobierno de Calderón salió a la calle un doloroso movimiento de madres, hermanas e hijas, de personas desaparecidas a buscar el paradero de sus familiares, y que la creación de este centro ayudaría a empezar a identificar los restos que ellas mismas iban encontrando. En materia de derechos humanos, esta fue una relevante reforma legislativa, junto a muchas otras.

Cuando hacemos las reformas, tanto la constitucional de 2019 y las siguientes reformas secundarias para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, las llamadas reformas de la “paridad en todo”, una suerte de revolución legislativa para esta nueva etapa que llamamos “el tiempo de las mujeres”, reformas con las que hemos sentado las primeras bases para promover la igualdad en todo tipo de espacios para las mujeres, no podemos dejar de pensar que en nuestro territorio sinaloense se beneficia, potencialmente, según el Codesin, a 1 millón 251 mil 391 mujeres en edad laboral (de las cuales, solo el 41% trabaja) en la búsqueda de un mayor acceso a oportunidades, no digamos, en el hecho de saber que hay 1 millón 202 mil 148 ciudadanas mujeres capaces de votar y cambiar el rumbo de nuestro estado.

Igualmente, las reformas a disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de centros de justicia para mujeres. Para lograr dicha igualdad sustantiva, es fundamental que las mujeres vivan una vida libre de violencia, y por ello era necesario que contaran con mecanismos de protección y denuncia que fueran efectivos, y que tuvieran presupuestos seguros. En Sinaloa existía solo un Centro de Justicia para Mujeres (CJM) y ya se inauguró otro Centro en el municipio de Mazatlán, además de que se encuentran en construcción uno en Los Mochis y otro en Guasave.