Acuerdan diputados controversia constitucional contra el gobernador

Culiacán, Sin.- Después de que el gobernador decidió vetar la cuenta pública del 2017 que el Congreso del Estado rechazó en julio pasado, la Comisión de Fiscalización, que preside el diputado de Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta, aprobó solicitar a la Mesa Directiva, interponer Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo del Estado.

Seis de los siete legisladores que conforman la Comisión de Fiscalización votaron a favor de la controversia: de Morena Marco Antonio Zazueta Zazueta , y de Morena, Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Jorge Iván Villalobos Seáñez (PAN) y Marco César Almaral Rodríguez (PT). Ana Cecilia Romero (PRI) no estuvo en la votación.

En el considerando del acuerdo que aprobaron, se menciona que si bien es cierto que el artículo 46 de la Constitución del Estado determina que el Ejecutivo, en esa colaboración e interrelación institucional puede hacer observaciones a leyes y decretos que el Congreso aprueba y le envía para su promulgación y publicación, esa actuación está limitada por la naturaleza jurídica del decreto y propiamente del acto en sí.

Asimismo dice, pretende no se le revisen las cuentas públicas ni a ese Poder, a la administración pública estatal y paraestatal, municipios y sus órganos paramunicipales, a los órganos autónomos, ni a ningún otro en Sinaloa, que realicen gasto público, aun cuando la misma Constitución determina que se pueden vigilar gastos incluso hasta de los particulares que reciban recursos públicos.

Por ende la lógica es que no debe intervenir en ese accionar entre dos instituciones que no dependen de su estructura ni está supeditado a su organización ni opiniones. Argumentarlo así, significa que la supremacía de la Constitución dentro de la jerarquización de las normas y por ende el Principio de la División de Poderes, no existen en nuestro sistema jurídico, se lee.

Porque de facto, dice el acuerdo, el Poder Ejecutivo se convierte en un órgano controlador del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado, supeditándolos a sus caprichos y voluntad y con esto, tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se unirían en una sola persona constituyendo una visión monárquica en completa contradicción a los principios democráticos del sistema, haciendo nugatorio el equilibrio y contrapesos que realizan los poderes.