Ante embate del gobierno, funcionarios de la UAS buscan ampararse ante el poder Judicial

La batalla legal emprendida por los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa, nada más en lo que va de enero, se han sumado al menos 20 audiencias diferidas o aplazadas por tecnicismos de la parte acusada, y esta semana, consejeros universitarios comenzaron una nueva estrategia: interponer juicios de amparo en contra del juez de control por la no reinstalación de Jesús Madueña Molina como rector.

El lunes 22, los consejeros universitarios René Castro Montoya y María Isabel Camacho Bejarano acudieron ante el Juez Primero de Distrito para promover un amparo en contra del juez Carlos Alberto Herrera Camacho, quien fue el que emitió la medida cautelar de separar a Medueña Molina del cargo de jefe universitario.

También puedes leer: Regreso de Madueña como rector de la UAS es cuestión de tiempo: Robespierre Lizárraga

De acuerdo con los abogados defensores, desde el 14 de diciembre se ganó una suspensión definitiva para que Herrera Camacho revierta la separación temporal del funcionario, pero hasta ahora, a pesar de los recursos de impugnación que se han interpuesto, el juez de control no ha analizado este tema.

Por el contrario, el próximo 8 de febrero, Robespierre Lizárraga Otero, en su calidad de encargado de despacho, para que el mismo juez local revise sus medidas cautelares, en donde puede decidir o no, sobre separarlo del cargo, con lo que iniciaría otro proceso de amparo.

Según el amparo en trámite 1360/2023, los consejeros le piden al juez de distrito el amparo en contra de “la determinación de separar del cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa al Doctor Jesús Madueña Molina, durante la audiencia celebrada el 17 de octubre de 2023, relativa a la causa penal 918/2023.”

Con esta nueva estrategia, los universitarios que controlan la UAS buscan que por medio del Poder Judicial de la Federación, se le conceda un amparo para que, paralelo a los juicios de Madueña, se reinstale al rector.

Sobre este particular, Robespierre Lizárraga declaró el pasado jueves 25 de enero que era cuestión de tiempo para que esto suceda, ya que también se presentó una impugnación en contra del juez Herrera por la suspensión que se logró, y que según los abogados universitarios, no se ha cumplido.

"Hay una situación sui generis donde hay dos órdenes de dos jueces federales del mismo nivel que chocan, ¿en qué sentido? Uno dice hay que regresar a Madueña y otro el que dice no, no hay apuro por regresarlo", detalló Lizárraga Otero, quien continúa como encargado de despacho de Rectoría.

Desde el mes de diciembre, fue más evidente la suspensión de las audiencias, tanto en los procesos penales por presunto abuso de autoridad en contra del servicio público, como por supuestas compras irregulares, que en suma son más de 120 millones de pesos.

Los argumentos usados por los universitarios bajo proceso, para solicitar el diferimiento de las audiencias, van desde presentar comprobantes médicos de parte de los acusados, de los asesores legales, hasta cambios imprevistos en la barra de representantes jurídicos, entre otros.

La última audiencia pospuesta fue la del miércoles 24 de enero, al centro de justicia penal acudieron Robespierre Lizárraga y Jesús Madueña, por el tema de un segundo proceso presunto abuso de autoridad, bajo la alegata de la Auditoría Superior del Estado, que ambos, en calidad de autoridades universitarias, no permitieron otras auditorías a los recursos.

Esta vez el motivo del aplazamiento fue el cambio en sus defensas, los abogados Milton Atala Vega y Alfonso Carlos Ontiveros fueron sustituidos por Alonso Miguel Luna Sosa, quien solicitó la carpeta de investigación a la FGE y tiempo para comprender el contenido.

"Nos citan con la idea de que se difiera para echarle la culpa a los universitarios cuando la Fiscalía no integra las carpetas a tiempo. La defensa debe solicitar el aplazamiento, ya que no puedes entrar a una audiencia si no conoces la carpeta", declaró.