Buscar a los desaparecidos bajo el acecho del crimen organizado: el caso de Rosario Lilian

Su lucha venía desde agosto de 2019, cuando un grupo de individuos se llevó a su hijo sin dejar huella. Desde entonces Rosario Lilián Rodríguez Barraza lo buscó de manera incansable y en esa búsqueda fue asesinada en una región controlada férreamente por el crimen organizado. Su vida osciló entre la indolencia de las autoridades, que nunca la protegieron, y el acoso de las amenazas de los delincuentes.

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En meses pasados se suscitaron hechos violentos, como el del 22 de mayo, cuando policías estatales se enfrentaron a un grupo armado en la comunidad de Salado, y detuvieron a cinco presuntos sicarios. Hace un año, pistoleros de “La Chapiza” se tirotearon con agentes en un concurrido bulevar.

En medio de esta violencia, Rosario buscaba a su hijo. Testimonios de integrantes del colectivo Corazones Sin Justicia, contaron que la última vez que ella recibió una amenaza fue el 19 de agosto pasado, cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de Elota con un sujeto vestido de civil que la increpó: “¿Qué tanto andaba buscándole, señora?”.

Para los colectivos de búsqueda de personas, este tipo de intimidaciones no tienen que pasar por alto, porque 11 días después de la escena, en la que estuvieron presentes policías locales, la defensora de derechos humanos fue asesinada.

"Si ya sabían, ¿por qué carajos no hicieron nada? Si saben que todas estamos amenazadas por andar buscando a nuestros desaparecidos”, cuestionó María Isabel Cruz Bernal, líder de las Sabuesos Guerreras, al hacer una protesta en Catedral horas después del crimen de Rosario.

En esa Playa de Ceuta no solo localizaron restos el 19 de agosto, también lo hicieron el 22 de julio, cuando las mujeres rastreadoras acudieron a excavar en la misma zona. Es decir, su lucha dio frutos en estas últimas semanas en que los criminales decidieron terminar con su vida.

A Rosario le desaparecieron a su hijo Fernando Abixahy, de 20 años, un 16 de agosto de 2019, cuando sujetos en un vehículo blanco se lo llevaron. Fernando era de oficio jornalero, igual que ella, que hasta antes de morir seguía en las labores del campo para sostener a su familia. Desde que emprendió la búsqueda de su hijo, Rosario formó con otras mujeres el grupo Corazones Sin Justicia, aliados de otros colectivos de Mazatlán, con el que planeaban los rastreos en campo.

Según otras personas del colectivo de buscadoras, Rosario recibió una serie de amenazas, situación que hizo del conocimiento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dirigida por Víctor Manuel Pérez, y a la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.

De acuerdo con testimonios de personas allegadas, Rosario denunció en junio pasado ante el colectivo Hasta Encontrarles, que el presunto responsable de la desaparición de su hijo había sido detenido en San Luis, Río Colorado, y la Fiscalía no quería concertar acciones para investigarlo.

De nueva cuenta, la autoridad fue omisa en ayudarla o protegerla. Hasta que el pasado 30 de agosto, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Desaparecido Forzado, decretado por la ONU, la señora fue víctima de las amenazas.

Al salir de la Iglesia por la noche, caminó de regreso a su domicilio a unas cuadras, en la colonia Palos Blancos, pero fue antes de arribar a su casa en que sujetos a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban color blanca, se la llevaron a la fuerza. Eran las 9:10 de la noche.

Su familia reportó al 911, pero nunca llegó una patrulla de Elota, intentaron comunicarse con la Comisión de Búsqueda, con la subsecretaría de Derechos Humanos, pero nadie respondió. La dejaron sola, como en los últimos años de su lucha.

La Fiscalía registró a las 11:59 la hora del reporte del hallazgo en la colonia Víctor Manuel Quintero, a la orilla de la avenida Manuel Pilar Abraham, a unas cuadras de su propio domicilio. El primer dictamen fue que presentaba marcas de atropellamiento.

Mientras la agenda de las funcionarias y de las personas defensoras de derechos humanos es posar fotos, en eventos, en salones con aire acondicionado, donde se habla sin acciones concretas, afuera las madres buscadoras sufren amenazas y se encuentran en la indefensión, sostuvo Rocío Arely Avendaño Gálvez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activistas Sinaloenses (CMAS).

“Lamentablemente, ocurre esto con ella y se atemoriza la familia porque la forma en la que se hacen las cosas, ella ya había reportado a Derechos Humanos sus temores, entonces vamos a implementar un mecanismo para buscar que se haga la debida justicia”, dijo al ser cuestionado por los medios.

Tras el crimen, que tuvo impacto internacional y nacional, vino la repartición de culpas, pero la bomba de tiempo que representan las amenazas contra las personas defensoras ahí sigue, y ahora detonó en el sacrificio de Rosario en Elota.

Los colectivos de Sinaloa y de otras entidades, se unieron al reclamo al gobierno estatal, así como a la Fiscalía dirigida por Sara Bruna Quiñones, para que activen protocolos de protección, den con los responsables del feminicidio de Rosario y se haga justicia con la verdad.

Días antes del feminicidio de Rosario Lilian, detonó un escándalo al seno del recién creado Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, debido a la intención de allegarse de lujos y excesos presupuestales de la directora Jenny Bernal Arellano.

Al no llegar a consensos, tres de seis consejeros salieron a denunciar que la funcionaria, quien se queja de que todavía no recibe ni un solo peso para operar, quería un presupuesto para el 2023 de 29 millones de pesos en los que se privilegiaba una estructura “obesa” de 25 plazas para el organismo, sueldos altos que van de los 60 a los 20 mil pesos, así como camioneta con chofer y secretaria incluida.

Los consejeros Alberto Morones, Griselda Triana y Rosina Ávila acusaron que pretendían gastarse más de la mitad del recurso solicitado a Gobierno y al Congreso, en la nómina, la cual la propuesta inicial era de 15 millones de pesos, ya con los impuestos incluidos.

En un estira y afloja que duró varios días, en que la Dirección del Instituto fue exhibida como un mecanismo que no enfocaba el presupuesto en quienes verdaderamente lo requieren, se llegó a un acuerdo de dejar el gasto de nómina en un máximo de 30 por ciento, y dejar el gasto en medidas y prevención en un 58 por ciento.

En su conferencia de prensa semanera del lunes 29 de agosto, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no se le aprobaría ningún peso a la Dirección, que no estuviera sustentado y que no vaya dirigido a la protección. Todo esto sucedió justo un día antes del feminicidio de Rosario Ilián en La Cruz de Elota.