Estrada pasó de denunciar abusos de Japac, a cancelar apoyos

En el 2014, desde su trinchera de abogado y oposición política, Estrada Ferreiro combatió determinaciones de la Japac, como restringir el suministro de agua potable a personas que no pagaban el recibo, sobre todo por su situación de vulnerabilidad.

¿PERO QUÉ LE PASÓ?

En 2014, siendo alcalde el priista Aarón Rivas Loaiza y director de Japac, Jesús Higuera Laura (igual que actualmente), el abogado Estrada Ferreiro interpuso un amparo debido a que le cortaron el agua a una ciudadana.

El argumento legal es que el artículo 4 de la Constitución Mexicana habla de la garantía de los ciudadanos para acceder al agua, de modo que limitar el líquido a las personas, aunque no paguen la tarifa, violenta esta disposición garantista.

En aquel momento, el litigante usó de bandera política defender que la Japac no restringiera el servicio de suministro, establecido en el artículo 51 de la Ley de Agua Potable de Sinaloa, que señala que si alguien deja de pagar su recibo, la paramunicipal puede proceder.

Incluso acusó al entonces alcalde de una campaña de hostigamiento por parte del entonces presidente municipal Rivas Loaiza y de la Japac, dirigida por Higuera Laura.

El amparo fue a favor de la ciudadana, a quien le habían cortado el suministro, y Estrada habló de causas sociales y apoyo a personas vulnerables, pero...

QUE PAGUEN

Sin embargo, el Congreso del Estado aprobó una nueva reforma que ratifica estos descuentos, situación que contrario al munícipe al grado de elevar la confrontación con el gobernador, quien le prometió abonar de las finanzas estatales los descuentos a las personas.

Pasados los años, Estrada ahora asegura que todos pueden pagar, jubilados, pensionados y discapacitados, y quien de verdad no pueda, tendrá que demostrarlo.

Él jura que la Japac pierde 200 millones de pesos al año en recaudación debido a que en la capital del estado existen alrededor de 200 mil beneficiarios de este descuento.

Si este padrón de beneficiarios del descuento es exacto, y considerando que el recibo sería pagado en 50 pesos, la Junta estaría “perdiendo” 10 millones de pesos mensuales, que se traducen en 120 millones anuales, y no en los 200 que argumenta el presidente municipal.

Así, al final, los desacuerdos por la recaudación de las cuotas del agua, se mantiene en vilo, sin un final aparente hasta la fecha.

50%

Es el beneficio de pago a los grupos vulnerables señalados en la ley.

200

Son los millones que alega Estrada que se pierde por dar apoyos a ciudadanos.

QUÉ DICE ROCHA

El gobernador se dijo desde el primer momento de acuerdo en dar este beneficio, pues empata con el espíritu de la Cuarta Transformación.

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