Autonomía Universitaria cuestionada por disposiciones financieras de la Ley Rocha: Juez Federal
Redacción / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin.- La Ley Estatal de Educación Superior del Estado de Sinaloa, conocida como Ley Rocha, ha generado controversia al ser declarada inconstitucional por transgredir la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en materia financiera.
El Juez Primero de Distrito determinó que varios de sus artículos, incluyendo aquellos que establecían que los recursos financieros de la UAS debían ser administrados por la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), contravenían los principios constitucionales que garantizan la libre administración y gestión de sus recursos por parte de la institución educativa.
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La Ley Rocha, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 28 de febrero de 2023, establecía que la SEPyC debía manejar los recursos federales asignados a la UAS, medida que fue considerada invasiva respecto a la autonomía universitaria reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Según el artículo 51, fracción VIII de la ley, la atribución de ministrar los recursos federales a la UAS competía exclusivamente a la autoridad educativa estatal, lo cual fue rechazado por el Juez al señalar que la universidad no está subordinada a la SEPyC. Además, las fracciones IX y X del artículo 69 pretendían regular los ingresos propios de la UAS bajo la supervisión de la SEPyC, condición que también fue declarada inconstitucional por interferir en la autogeneración de recursos y la libre administración del patrimonio universitario.
El Gobernador Rubén Rocha Moya, quien en noviembre de 2022 se reunió con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum en un evento académico en la UAS, manifestó su apoyo a las universidades públicas, incluida la UAS. Sin embargo, su respaldo inicial ha sido cuestionado tras la aprobación de la Ley Rocha, que según críticos, busca limitar la autonomía universitaria.
Este giro en su postura ha generado tensiones políticas y judiciales, intensificando el debate sobre los límites del poder estatal frente a la autonomía de las instituciones educativas superiores en el estado.
