Regeneración 19
En el transcurso del siglo pasado se registraron diversos cambios en la política social de nuestro país; muchos de ellos fueron resultado de las tendencias globales y otros, producto de las circunstancias históricas del desarrollo nacional. En ese sentido, la época posrevolucionaria centró su política en la implementación de un régimen de bienestar para la población, a través del fortalecimiento de dos sectores fundamentales como la educación y el acceso universal a los servicios de salud; además de acompañar una política de desarrollo industrial basada en el proteccionismo en pro de un modelo de desarrollo nacionalista. Esta fórmula imperó en la reconfiguración de la sociedad mexicana, generando cambios profundos visibles en unas cuantas décadas, ya que nuestro país dejó de ser eminentemente rural para transformarse en uno de reciente industrialización.
El modelo nacionalista anteriormente descrito sufrió un agotamiento por diversos factores, entre los que destacan una creciente deuda pública y una fuerte participación del Estado en casi todas las áreas económicas y de control político, bajo un sistema que simulaba procesos democráticos para un control social permanente. Esas condiciones imperantes en diversos países del mundo generaron la presencia de ideólogos que criticaron fuertemente la participación del Estado, entre los que destacan Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Ludwig von Mises, cuyas ideas fueron instrumentos potentes que generaron cambios en una gran cantidad de países, y México no fue la excepción en la implementación de políticas centradas en la apertura comercial, desregulación económica, privatización de empresas paraestatales, mayor disciplina fiscal y procesos democráticos cada vez más confiables, entre otros factores.
Así, la reforma del Estado de inicios de los años ochenta del siglo pasado jugó un papel importante para la implementación de políticas públicas de corte liberal, que reducen el papel protagónico del Estado en diversas actividades que, según la ideología liberal, debieran ser propias del sector privado, incluyendo aquellos sectores estratégicos para proporcionar seguridad social a la mayoría de la población. En ese sentido, el incipiente Estado de bienestar sufrió un revés importante, ya que las políticas que se implementaron favorecieron la focalización y las transferencias condicionadas, así como una participación mayor de la iniciativa privada en la implementación de la política social en términos generales, ya sea a través de la subrogación de servicios o la participación directa en la implementación de algunos programas públicos en particular.
Este modelo implementado en México durante más de tres décadas sufrió un agotamiento generado por múltiples factores, entre los que destacan el marcado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, que en su momento provocó un incremento significativo de la pobreza de grandes grupos poblacionales, así como la desarticulación entre las acciones de política pública y la población a quienes iban dirigidos los beneficios de los programas, principalmente de índole social. El nuevo modelo de bienestar implementado desde la anterior administración federal, centrado fundamentalmente en la perspectiva de derechos a través de transferencias monetarias directas y acciones de corte universal, tiene la intención de reducir la pobreza y la desigualdad, priorizando aquellos sectores más vulnerables como adultos mayores, mujeres, estudiantes y niños. El desafío que enfrenta el actual modelo es la construcción de un sistema de salud eficiente y de corte universal, así como los límites presupuestales que puede llegar a tener el gobierno en turno. Esperemos que estos desafíos no frenen la construcción del anhelado Estado de bienestar.
