Hay instituciones que rara vez aparecen en los reflectores y sin embargo tienen un poder enorme sobre la vida laboral de millones de personas. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido históricamente el primer y muchas veces único mecanismo para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. La reforma laboral de 2019 modificó la estructura de estas Juntas y transfirió funciones a tribunales especializados y centros de conciliación, pero los presidentes de las Juntas federales siguen teniendo influencia real sobre salarios, reinstalaciones y liquidaciones.

Un presidente de Junta federal o local puede decidir qué se concilia, qué se discute, qué pruebas se aceptan y cuáles acuerdos se firman. La estructura tripartita de estas Juntas, con representantes del gobierno, de los trabajadores y de los patrones, les da un poder que no siempre se ve, pero que se siente en cifras concretas. Cada año, en México se resuelven más de 150 mil conflictos laborales federales y locales, y la intervención de estas autoridades puede marcar la diferencia entre un pago justo o la pérdida de derechos.

El problema surge cuando los trabajadores demandan a instituciones públicas. En muchos casos las Juntas actúan con lentitud extrema, retrasan resoluciones o simplemente omiten pronunciarse, dejando que el conflicto se alargue sin consecuencias para el patrón. Esa omisión concentra aún más poder en la presidencia de la Junta y reduce la capacidad real de los trabajadores para hacer valer sus derechos, aun cuando la ley los respalda.

Ese poder concentrado debería generar debate y supervisión, pero ocurre lo contrario. En un país donde el salario mínimo apenas llega a 207 pesos diarios y las jornadas formales superan las 48 horas, es inquietante que una sola persona pueda decidir si un trabajador obtiene justicia o se queda esperando indefinidamente.

El sistema está cambiando lentamente. Mientras tanto, los presidentes de las Juntas mantienen su capacidad de definir qué se resuelve y qué no. La letra de la ley no siempre coincide con lo que realmente reciben los trabajadores, y eso, más allá de cifras y estadísticas, es un recordatorio de que el poder en la conciliación laboral sigue concentrado en pocas manos y que su ejercicio determina más que cualquier reforma escrita.

Con la próxima discusión legislativa sobre justicia laboral es clave que se establezcan mecanismos claros de supervisión y transparencia para estas Juntas. De nada sirven las reformas si la aplicación sigue dependiendo de la discrecionalidad de unos pocos y la omisión frente a instituciones públicas continúa siendo la regla.

En la Cámara de Diputados los legisladores retomaron actividades y se concentraron en revisar dictámenes que vienen del Senado, entre ellos el de la jornada laboral de 40 horas. También avanzaron en propuestas sobre justicia laboral, fiscal y política pública, con la intención de que estos temas clave se discutan pronto en el pleno.

En el Senado se discutieron las iniciativas más importantes del Gobierno y de distintos partidos, con respaldo general a la reforma de la semana laboral y análisis de otras propuestas en justicia y anticorrupción. Además, trabajaron en ratificaciones y en organizar los dictámenes pendientes mientras el periodo ordinario sigue su curso, con temas que impactan directamente a trabajadores y ciudadanía.