Baja California sigue sin sentencias firmes por violencia vicaria, lamenta Cesodi

A tres años de la aprobación de la “Ley Vicaria” en Baja California, el panorama para las víctimas sigue siendo de impunidad y resistencia institucional, señaló Samantha Sesma, cofundadora del colectivo Cesodi.

Y calificó como una “total aberración” los recientes sucesos en Coahuila, donde una mujer fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria.

Recordó que desde 2023, la violencia vicaria fue reconocida legalmente en México como una forma de violencia de género ejercida específicamente por hombres hacia mujeres.

“La Suprema Corte ya se pronunció y la reconoce como una violencia más de género, tanto como el feminicidio. Esperamos que se corrija, porque es un error gravísimo”, advirtió. 

La también activista explicó que el fin de la violencia vicaria es seguir controlando y dañando a través de los hijos.

Actualmente, Cesodi brinda acompañamiento a cerca de 150 madres en Baja California, cifra que asciende a 300 mujeres si se consideran los casos de otros estados y países que buscan su apoyo, comentó.

A pesar del volumen de casos y de que existen personas vinculadas a proceso, Sesma lamentó que en el estado no hay una sola sentencia firme por este delito.

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La activista explicó que esta violencia no se limita únicamente al rapto de los hijos, sino a la “instrumentalización” de cualquier ser querido para quebrar emocionalmente a la mujer, incluyendo padres, hermanos e incluso mascotas.

“No es una pelea contra los hombres, es una lucha contra los agresores. Hemos detectado patrones: casi todos resultan ser narcisistas. Buscan causar un daño del cual no nos vamos a poder reparar”, sentenció. 

La cofundadora llamó a las autoridades para que la Ley Vicaria se utilice para su propósito original, que es proteger a madres e infancias de agresores que prolongan el ciclo de violencia después de la separación.