Por lo anterior han solicitado la asistencia de las autoridades municipales y estatales a fin de que puedan apoyarles con el trasladado hacia otras zonas, ya que muchos de ellos no tienen aún a donde ir.
El PRI consideró que diferir la aplicación del mecanismo hasta 2030 constituye una medida que condena a la ciudadanía a cinco años de silencio participativo