Investigan servicios de bomberos a la IP

Tijuana.- Con auditorías, en 2020 Sindicatura inició una investigación en la dirección de Bomberos, detectando desvío de recursos y lucro de la capacitación que realizan algunos elementos de esta institución.

A través de la dirección de Contraloría, a cargo de Jorge Tito Escobedo Roble, la Sindicatura Procuradora detectó que varios miembros de la dirección de Bomberos prestan sus servicios a empresas del sector privado con fines de lucro.

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BOMBEROS EMPRESARIOS

La compañía Pitber Training, propiedad de Pedro Perfecto Lugo fue detectada promocionando en redes sociales la impartición de cursos para empleados de Cetys Universidad.

Incluso la capacitación de Pitber Training se promociona en la página digital de la asociación civil Pro Bomberos de Tijuana, a cargo de Xavier Peniche, organismo a través de la cual se recauda donaciones para la dirección de Bomberos.

Antes del periodo de pandemia por coronavirus, las instalaciones del Centro de capacitación de Bomberos de Tijuana, ubicado en el fraccionamiento El Refugio, era utilizado por estos empresarios para llevar adiestramiento a particulares con fines de lucro.

No solo eso, Pitberg Training cuenta con instructores registrados en Protección Civil, pero que son miembros en activo de la dirección de Bomberos de Tijuana, por lo que caen en conflicto de interés, tal es el caso de Bernardo Villegas Ramírez.

No obstante, el capitán Pedro Perfecto consideró que este artículo no aplica para él o sus compañeros que hayan obtenido la licencia como agentes consultores antes de que se diera esta prohibición.

“Eso se sacó nuevamente, pero eso no estaba estipulado, lo hicieron después de que nosotros tuviéramos nuestros registros”.

La ordenanza precisa que quienes tengan intervención en la revisión, condicionamiento y/o aprobación de los programas internos, no podrán llevar a cabo este tipo de capacitación en forma privada.

Por lo que Pedro Perfecto consideró que el reglamento no aplica para los bomberos empresarios, toda vez que “no tenemos injerencia en la verificación e inspección de los lugares”, dijo.

Sin embargo, el mismo apartado del reglamento establece que tampoco pueden ser consultores capacitadores los empleados de gobierno que laboren en la aplicación de “medidas de seguridad y procedimientos de emergencia o planes de contingencia de cualquier tipo”.

Tampoco puede realizar esa actividad empresarial quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta ascendente, descendente y colateral, así como por afinidad con empleados que encuadren en cualquiera de estos supuestos.

Agregó que a través de las empresas propiedad de bomberos en activo, se realizan cursos a cambio de donativos para la dirección de Bomberos.

“De estas empresas, no todas, se ha recibido mucho beneficio para bomberos, se ha logrado sacar ciertos donativos”, asentó.

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SÍ EXISTE CONFLICTO DE INTERESES: PROTECCIÓN CIVIL

Para el director de Protección Civil en Baja California, José Salvador Cervantes Hernández, la ley es muy clara, ningún funcionario que esté relacionado con la aprobación de las medidas de seguridad o de los programas internos de Protección Civil, puede ser consultor.

Dijo que la restricción afecta a todas las áreas de gobierno, no solo de Bomberos o funcionarios de Protección Civil de los municipios y del estado.

“Han hecho su denuncia ante Derechos Humanos y Contraloría y esto no ha prosperado precisamente porque lo que hemos hecho es cumplir con la Ley”.

Cervantes Hernández dijo que, para frenar esa práctica irregular, se prepara una nueva reforma a la Ley de Protección Civil, para aplicar sanciones más severas.

COMPETENCIA DESLEAL

Al ser la dirección de Bomberos una de las instancias que certifica las medidas de seguridad a las empresas, sí existe conflicto de intereses en el hecho de que sus elementos cobren por la capacitación que ellos mismo promocionan en la iniciativa privada.

Así lo señaló Ana Lilia Ochoa, empresaria consultora, la cual encabeza una asociación de capacitadores privados, “la ley es muy clara que no pueden participar, porque ellos son los que nos certifican”, dijo.

Consideró que las autoridades competentes, como de la Función Pública o Sindicatura Procuradora deberían estar actuando al respecto, toda vez que no hay una regulación al respecto.