La Ley de Atención a Víctimas, a medias

Esa ley, de acuerdo con el gobierno de Baja California “tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación, así como establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.

Vamos en la tercera convocatoria para el Comisionado ejecutivo estatal. Establece la ley una Comisión Ejecutiva Estatal, un fondo para la reparación del daño, un registro de las víctimas y un sistema articulador de política pública. Todavía no están establecidos en la entidad. Hoy por hoy la ley está publicada, sin embargo la política pública que va detrás de ella no está establecida.

Responde a que no ha habido perfiles idóneos, se ha declarado desierta en algún momento. El llamado en este ejercicio es a las víctimas a hacer propuestas en este ejercicio. Hay que esperar para ver si se designa ya el comisionado que debe ir con respaldo de sociedad civil, cumplir con un perfil, o si se vuelve a declarar desierta, lo que ya nos daría un indicador que es importante atender. Porque es una institución fundamental y necesaria. No puede ser que estemos declarando desiertas las convocatorias. Si hay que ampliarse la convocatoria, si hay que acercarse a los colectivos para que propongan, esperemos que lo resuelvan pronto, antes de que se vaya este ejecutivo estatal.

La profesión es especifico tal vez para el marco metodológico, científico, pero hay otros estados donde los perfiles deben mostrar capacidad y experiencia, compromiso. Eso lo habrá de adecuar el propio poder legislativo, el poder ejecutivo, depende de las necesidades de la entidad. No necesariamente tiene que ser una persona con título o sin título, sino adecuarse a lo que ellos valoran en estos temas. En algún momento la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos pedía por ejemplo una persona con título o demostrada experiencia. Pero tengo entendido, por lo que me dicen los colectivos de víctimas, que ya está en proceso de seleccionarse una persona que vendría a darle realidad a esta política pública.

Forzosamente tiene que venir en el presupuesto de egresos en el próximo ejercicio fiscal que es el 2020, ya no tiene opción. La ley tuvo un retraso de cinco años en su armonización legislativa, y hoy vamos para un año que publicada la ley seguimos sin contar con el instrumento procesal.