Tanto a la comunidad jurídica, justiciables y personal que labora dentro del Poder Judicial
El Sol de Tijuana
Esta solicitud fue dirigida al Presiente del Poder Judicial, con copia para la Gobernadora del Estado y todos Presidentes Municipales, la cual fue respaldada por los catorce colegios de abogados que integran la FEDABO.
Tijuana.- Debido a hechos violentos ocurridos en el edificio del Poder Judicial de la ciudad de Tijuana que alberga los juzgados civiles, mercantiles y familiares, en el que a pleno día que es una de las horas más concurridas por los abogados litigantes y público en general, fue sustraída, golpeada y privada de la libertad una mujer, con total facilidad por dos hombres, uno de ellos armado, así como por el desalojo del citado edificio con motivo de la amenaza de bomba, lo cual es una situación recurrente en los últimos meses, la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (FEDABO) que preside la Mtra. Catalina Salas Bravo, recordó a la autoridad responsable tomar cartas en el asunto para que estos sucesos no vuelvan a suceder.
“Estos hechos evidencian una falta de seguridad, la cual es necesaria y esencial en ese recinto de justicia, omisión que afecta directamente tanto a la comunidad jurídica como a los justiciables, por lo que pedimos se tomen las medidas necesaria y pertinentes para que en dicho edificio, así como en los respectivos en el Estado se diseñen a la brevedad protocolos de seguridad”
Salas Bravo pidió al Presidente del Poder Judicial, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad pública, tanto del estado como de todos los municipios para que se garantice la integridad física de los abogados litigantes, justiciables, personal judicial y público en general en todos los recintos de acceso público.
“Así mismo se hagan las denuncias a la autoridad investigadora de las amenazas de bomba falsas o ciertas y se dé con los responsables, para salvaguardar la integridad de las personas y evitar la interrupción de los juicios y del trabajo de los litigantes que se genera por el desalojo y la suspensión de labores del personal judicial con motivo de dicha alarmas”
