En 2021 debe atender demandas laborales y busca mejorar el Semefo
El Sol de Tijuana
Cada uno de estos rubros es indispensable para la impartición de justicia en Baja California, ya que es obligación mantener un Poder Judicial fortalecido y a la vanguardia en la atención al justiciable, así lo destacó el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.
Mexicali.- El Poder Judicial de Baja California, presentó el proyecto de Presupuesto para el año 2021, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, mismo que incluye tanto el Gasto Operativo cotidiano e indispensable, como Proyectos Estratégicos impostergables cuyo cumplimiento es mandato constitucional. La comparecencia se realizó en forma virtual.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, informó que para este año 2021, el proyecto presupuestal es de $2,209,450,921.89 de pesos, el cual incluye $1,359,706,753.14 de pesos para Servicios Personales ámbito que implica la fortaleza institucional porque en la nómina el 77% corresponde a personal jurisdiccional y de apoyo a la labor jurisdiccional; sólo el 23% a personal administrativo; $148,010,076.96 de pesos para Gasto Operativo, mismo que posibilita que las funciones jurisdiccionales se lleven a cabo en un entorno austero, seguro y digno; y $701,734,091.79 de pesos para Proyectos Estratégicos de alto impacto, que resultan impostergables y prioritarios para acercar la justicia a la ciudadanía.
Entre estos últimos destaca la habilitación de los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM), en este caso se cuenta con edificios especiales en Mexicali y Tecate, para habilitar ambos, es necesario una inversión de $6.4 millones de pesos para mobiliario, equipo y personal (psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares e intendencia).
Al respecto el Magistrado Presidente fue enfático al señalar que “las convivencias familiares no se están otorgando en las mejores condiciones ya que se han llevado a cabo entre comensales de restaurantes de comida rápida”, es por ello que resulta fundamental para brindar una certeza a las familias que se encuentran en situación de conflicto, contar con espacios seguros y bajo la vigilancia de personal adecuado.
La implementación de la materia Laboral, implicará un importante reto, el cual deberá cumplirse por mandato constitucional en el mes de octubre del año 2021 (decreto que reforma el Artículo 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Justicia Laboral). En este sentido, se requiere adecuación de espacios para la creación de juzgados especializados, equipamiento, gasto operativo y contratación de personal, al respecto la inversión estimada es de $204.1 millones de pesos.
De igual forma, en agosto del próximo año en apego al Decreto que reforma el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, se deberá cumplir con la difusión de versiones públicas de todas las sentencias que cada tribunal emita, para ello se requiere de renovación de equipo de cómputo, de servidores WEB, inmobiliario, entre otros, lo que implica una inversión de $31.6 millones de pesos. Al respecto se emiten más de 26 mil sentencias en promedio al año.
En el tema del Sistema de Justicia Penal Oral (SJPO), luego de 10 años de su implementación en Mexicali es impresindible la renovación del equipo tecnológico, así como la contratación de cuando menos seis jueces de control, un juez de ejecución, y personal jurisdiccional adicional. Esto con por un monto estimado de $69 millones de pesos.
Actualmente, en los Partidos Judiciales de Tijuana, Tecate y Ensenada, se encuentra en proceso la habilitación de las denominadas “Ciudad Justicia”, centros en donde se instalará el SJPO; en cada espacio es necesario la instalación de mobiliario, equipo de cómputo y personal, para sostener el crecimiento en la demanda del servicio. En este sentido, se estima una inversión de $118.6 millones de pesos para Tijuana; $87.3 millones de pesos para Ensenada y $74.6 millones de pesos para Tecate.
Ante la inquietud de la Diputada Claudia Agatón sobre la necesidad de fortalecer el próximo ayuntamiento de San Quintín el Presidente respondió que, de ahí la importancia de fortalecer al Tribunal Electrónico, en donde se solicitaron $29.4 millones de pesos, lo que permite la posibilidad de realizar trámites y llevar asuntos a distancia.
Ante el crecimiento sostenido de la demanda de servicios en los Juzgados Familiares, este rubro también contempla la creación de un Juzgado Familiar adicional en Mexicali (donde actualmente hay tres) y transformar el Juzgado Cuarto Penal de Tijuana en uno Familiar, para esto se requiere un monto de $19.3 millones de pesos. Actualmente hay 8 Juzgados Familiares en el Estado, en donde se reciben por lo menos 18 mil inicios anuales, más de 800 trámites diarios a petición de parte y de oficio y en un año 2,300 menores participaron en una situación jurídica.
Por otra parte destaca el proyecto de creación de dos Juzgados Mercantiles (uno para Mexicali y otro para Tijuana), con una inversión de $26.9 millones de pesos. Actualmente, existen 5 juzgados especializados en la materia Mercantil, en donde se atienen por lo menos 2 mil inicios anuales para cada juez, aunado a la atención brindada a 27,000 trámites a petición de parte.
Especial atención requiere el Servicio Médico Forense (SEMEFO), en donde es indispensable la renovación del parque vehicular que tiene más de 10 años de antigüedad, equipo de video vigilancia, renovación de equipo de cómputo, instrumental médico y de laboratorio, camillas, equipos de Rayos X, así como presupuesto para el mantenimiento y reparación de cuartos frigoríficos y mesas microquirúrgicas, además de la contratación de personal adicional y la regularización salarial del personal médico actual, para ello la inversión solicitada es de 14 millones de pesos.
Finalmente, el Magistrado Presidente destacó que el recurso humano es fundamental en el desarrollo de la actividad jurisdiccional en la entidad, a la fecha se cuenta con 1960 trabajadores, de los cuales poco más de 400 son actuarios y secretarios cuyo ingreso salarial no se ha visto incrementado en más de 10 años, otros 400 aproximadamente como auxiliar administrativo cuyos ingresos son inferiores a 10 mil pesos mensuales.
El Magistrado Presidente, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto en encabezada por la Diputada Julia Andrea González Quiroz y el resto de los integrantes de dicha comisión, estuvo acompañado de forma virtual por la Consejera Magistrada Columba Imelda Amador Guillén y por los Consejeros Francisco Javier Mercado Flores, César Holguín Angulo y Julio César García Serna del Consejo de la Judicatura y personal de las áreas operativas de Presupuesto y Planeación.
