“El gobierno argumentó que entre menos inmigrantes haya ahorita, las personas que están desempleadas tendrán oportunidades de ubicarse en el empleo que dejaron vacante o en otra área. También tomaron la medida para no saturar el sector sanitario”, agregó.
Fernández Bustamante añadió que la Fiscalía deberá analizar si el delito ya prescribió o no en materia penal, considerando que han pasado 31 años desde los hechos.
Samaniego destacó el papel de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), afirmando que la comisión tiene buenas bases para abordar el tema hídrico