Como sucede cada año en estas fechas, el tema de la fiscalización comienza a emerger como relevante.

No puede ser lo de menos, considerando que miles de millones de pesos que manejan las entidades públicas están siempre en entredicho, ya sea por malos manejos administrativos o bien porque, simplemente, funcionarios rapaces se llevan a sus bolsillos dinero del erario, producto de actos de corrupción.

Hay casos injustificados en que los desvíos de recursos no pueden ocultarse, eso es seguro. Lo podrido de esto es que pasan los años y no se sabe que algún funcionario “importante”, de nivel pues, esté tras las rejas, a pesar de que muchos han aprovechado de su cargo público para enriquecerse.

Comenzará a conocerse muy probablemente la lista de funcionarios presuntamente responsables de mal manejo de dinero publico, tanto municipales como estatales.

Entonces, veremos cuál es el comportamiento de cada legisladora y congresista en este tema de las cuentas públicas, sobre todo porque más de uno enfrentará conflictos de interés.

Por lo pronto, dentro de diversos entes públicos fiscalizables, existen dudas y serios cuestionamientos a la revisión que la última anualidad llevó a cabo el OFS.

Además de lo anterior, que ya de por sí es importante, dentro de los dictámenes existen evidencias sobre las facultades que se ha dado el OFS cuando algunas de ellas corresponden a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).

Pero hay más: diversas observaciones realizadas por el OFS ya afectan la imagen de personas físicas o morales, porque sin existir determinación firme de una autoridad competente, cuestionan la veracidad de los servicios y los productos prestados por diversos proveedores.

Además, el organismo clasifica como daño aquellas revisiones que se reducen a temas administrativos o documentales, sin justificar en qué consiste el daño o cómo se actualiza.

Por si fuera poco, en diversas audiencias a las que ha citado a los entes públicos fiscalizables, el Órgano Interno de Control del OFS no permite el traslado con los documentos en que consten los hechos que se pretenden atribuir para ejercer el derecho a una adecuada defensa al momento de comparecer a audiencia.

Y tampoco tomar fotos de las actuaciones que constan en los expedientes, lo cual sí es permitido en el Poder Judicial Federal y Local.

Y la cereza en el pastel: en caso de ser solicitada copia certificada de algún documento para ejercer el derecho a la defensa, el ente cobra aproximadamente una unidad de medida de actualización (UMA) por hoja.

Tales observaciones y quejas manifiestas de los entes fiscalizables, puede poner en aprieto al Congreso del Estado. Esto porque las diputadas y los diputados pueden, en Pleno, aprobar los dictámenes que les pase la Comisión de Finanzas y Fiscalización, pero con el riesgo de judicializar todo lo aprobado.

EPÍLOGO...

1-YA BASTA.. La ciudad capital padeció durante una semana un terror al haber sido víctima de protestas protagonizadas por el denominado “Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales”, conformado por diferentes organizaciones sindicales.

El tema es que protestando por sus supuestos derechos, que no deberían estar exponiendo en las calles sino con el gobierno estatal vía sus líderes, afectaron a miles de personas no solo en sus tiempos laborales también en su economía.

Si con sus quejas, los sindicalizados creyeron que ganarían la simpatía de la gente para obtener ganancias, solo han generado rencores y enconos. La gente está harta de ellos y para ser sinceros caen mal. Ya es tiempo del gobierno estatal dejar de ser tibio, detener a los líderes y aplicar la ley. Al tiempo.