Los entes fiscalizables tendrán que cumplir con los procesos resarcitorios de las observaciones realizadas por el OFS
DIANA ZEMPOALTECA
También se avaló el dictamen correspondiente al Tribunal Electoral de Tlaxcala, al que se le observó una cantidad de 41 mil 455 pesos, que corresponden a un posible daño patrimonial del 0.05%.
Al considerar que se apegaron a los principios de racionalidad del gasto público y al no exceder los extremos establecidos de daño al patrimonio, en sesión extraordinaria de ayer, los integrantes de la LXIII legislatura aprobaron la cuenta pública 2018 de10 entes fiscalizables.
Entre los informes que se aprobaron fueron el de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala que, de acuerdo con el dictamen al que dio lectura la diputada Zonia Montiel Candaneda, la gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2018, registró un total de 85 observaciones por un monto de ocho millones 765 mil 524 pesos equivalentes al 3.23 % del gasto ejercido, por lo que el dictamen resulto positivo.
Otra cuenta aprobada fue la de OPD Salud de Tlaxcala, cuyo porcentaje de daño patrimonial ascendió al 4.1 % que, de acuerdo con lo ejercido durante 2018, equivale a 41 millones 286 mil 327 pesos de los más de 847 millones asignados. Es de mencionar que en este caso no se incluyó en la evaluación un recurso por mil millones de pesos que fueron reservados para la revisión directa que va a realizar la Auditoria Superior de la Federación.
Entre los entes a los que se les avaló su cuenta están el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, el Patronato para las Exposiciones y Ferias de la Ciudad de Tlaxcala, la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla de Huamantla y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala.
En todos los casos los entes tendrán que cumplir con los procesos resarcitorios respectos a las observaciones que no fueron solventadas, cabe señalar que dichos entes no hicieron solicitud de audiencia aclaratoria ante el Congreso local, con respecto a las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior.
