La adecuación normativa responde a la necesidad de ajustar las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento del Poder Judicial local
Jesús Lima
Con 19 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado concretó la reforma al Poder Judicial para armonizar la disposición estatal con la federal, derivada de la reforma constitucional aprobada el 10 de diciembre de 2024, de ahí que los legisladores locales reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual será reconfigurada su integración y estructura.
De acuerdo con el dictamen avalado por mayoría de votos, la adecuación normativa responde a la necesidad de ajustar las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento del Poder Judicial local, bajo un esquema que sustituye al Consejo de la Judicatura por dos órganos, que son el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, responsables de la gestión administrativa, disciplinaria y de corrección.
En este sentido, la integración de estos órganos se concretará en dos fases, donde la primera de ellas ya fue derivada del proceso electoral pasado; y la segunda, en 2027, cuando quedarán conformados en su totalidad todos los cargos, a través del voto popular.
Asimismo, la nueva disposición señala que todos los asuntos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses a partir de su radicación. En materia penal, el imputado deberá ser juzgado antes de cuatro meses si la pena máxima no excede de dos años de prisión, y antes de un año si la pena supera dicho límite, aunque en caso de incumplimiento, el órgano jurisdiccional deberá notificar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar la demora.
Por su parte, el dictamen avalado detalla que las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia ocuparán el puesto nueve años con posibilidad de reelección por un periodo más; mientras que quienes integren el Tribunal de Disciplina Judicial durarán seis años sin opción a reelección, además de que su remuneración no podrá ser superior a la del titular de la presidencia de la República.
Por otro lado, el Órgano de Administración Judicial tendrá la facultad de nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia y recibir renuncias del personal jurisdiccional y administrativo, además de que resolverá adscripciones y reinscripciones de jueces de primera instancia, por lo que para sus funciones contará con 11 órganos auxiliares, entre ellos tesorería, contraloría y servicios periciales.
Además, el Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de investigar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidades administrativas de servidores públicos del Poder Judicial, así como conocer recursos de revisión en procedimientos administrativos por faltas graves, por lo que este ente contará con el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, encargado de indagar posibles faltas, por lo que, en conjunto con el Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial, será el responsable de supervisar y dar seguimiento al trabajo de los órganos jurisdiccionales.
Con estas modificaciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial se consolida como el instrumento normativo que regula la vida interna, las atribuciones y la forma en que la institución judicial organiza su labor para resolver controversias en diversas materias, además de establecer los supuestos para sancionar a quienes incumplan con sus responsabilidades dentro del sistema de justicia en Tlaxcala y servirá para alcanzar objetivos de la más alta relevancia como la justicia pronta y expedita y el control de la constitucionalidad.
En suma, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala constituye una pieza clave para consolidar el nuevo modelo de justicia diseñado a partir de la reciente reforma constitucional, por lo que su aprobación permitirá no solo armonizar el marco jurídico secundario con las disposiciones constitucionales, sino también dotar al Poder Judicial de las herramientas normativas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento, asegurar la transparencia en la integración de sus órganos y fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia.
En su momento, la disposición señala que las magistradas, magistrados, juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia, así como las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial electos rendirán protesta de su encargo ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el 1 de septiembre de 2025.
Asimismo, agrega que a partir de la toma de protesta de las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la presidencia corresponderá a la magistrada o magistrado que haya obtenido la mayor cantidad de votos en el proceso electoral en el cual fueron electos.
Además, hasta en tanto los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial rindan protesta de su encargo ante el Congreso del Estado en la misma fecha y hasta en tanto sea creado el Órgano de Administración Judicial y sus integrantes inicien funciones con esa misma fecha, el Consejo de la Judicatura continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
