Para reducir las brechas de desigualdad socioeconómicas, señala la propuesta oficial
Karla Muñetón / El Sol de Tlaxcala
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La iniciativa para reforman y adicionar artículos a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, que la semana pasada envió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al Congreso local para su análisis, busca que la ejecución de los programas sociales cumpla cabalmente con los principios de legalidad y certeza jurídica.
Y es que como parte de las modificaciones propuestas, el Comité Consultivo de Desarrollo Social tendrá nuevas facultades, pues de ser aprobado será el órgano encargado de autorizar la política de seguimiento, supervisión y evaluación, así como definir los lineamientos y estrategias para la operación de los programas.
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Al ser el ente encargado de la evaluación de los programas de bienestar y desarrollo social, pedirá para su análisis toda la información que considere necesaria a las dependencias y ayuntamientos ejecutores de los programas de Bienestar y Desarrollo Social. La iniciativa señala que para la evaluación de la Política de Bienestar y Desarrollo Social, el Comité Consultivo podrá auxiliarse y contratar a organismos independientes evaluadores, instituciones de educación superior, de investigación científica y hasta de organizaciones civiles.
Y para ello deberá tomar en consideración los siguientes indicadores: cobertura del programa y número de beneficiarios, calidad de los servicios, conocimiento de la población de los programas, mejoras en la calidad de vida de las familias, oportunidades de acceso a los programas, disminución de los índices de pobreza o marginación y la opinión de los beneficiados.
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En caso de ser aprovado, el Comité Consultivo estará integrado por la persona designada por la titular de la Secretaría del Bienestar (quien lo presidirá); por María Estela Álvarez Corona, quien encabeza esa dependencia; por tres alcaldes o alcaldesas con representación regional; y dos diputadas o diputados que sean miembros de las comisiones relacionadas con el desarrollo social.
Además de tres representantes de organismos sociales y civiles que no pertenezcan a ningún partido político, que no laboren para alguna dependencia gubernamental, que sean independientes y de reconocida solvencia moral; una persona experta en bienestar y desarrollo social con las mismas características que las anteriores; dos representantes de instituciones académicas de educación superior y dos del sector empresarial.
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Con esas reformas, la administración estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros modificará también la política de Bienestar y Desarrollo Social, para incluir “programas de salud” en lugar de “programas de educación obligatoria”. La iniciativa señala que los programas de alimentación y nutrición serán para toda la población, y además de los ya existentes en la ley habrá programas dirigidos a personas o comunidades indígenas.
De ser aprobado, el Comité Consultivo de Desarrollo Social se encargará de autorizar la política de seguimiento, supervisión y evaluación, así como definir los lineamientos y estrategias para la operación de los programas.
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