Se pronuncia porque el gobierno de Calpulalpan prevea lo necesario para cumplir con el restablecimiento, conservación y desarrollo del sistema de agua potable en sus comunidades
Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió un exhorto a las autoridades estatales y municipales para que garanticen el ejercicio del derecho a manifestarse, además de proporcionar las condiciones necesarias para que las protestas se desarrollen de manera pacífica y segura.
De igual manera, convocó al gobierno de Calpulalpan, que encabeza Edgar Peña Nájera, a prever lo necesario para cumplir con el restablecimiento, conservación y desarrollo del sistema de agua potable en las comunidades del municipio de Calpulalpan que carecen del vital líquido, para así dar cumplimiento a las acciones estipuladas en los artículos 10 y 11 de la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala.
Lo anterior, derivado de los hechos suscitados la noche del pasado lunes ocho de mayo y la mañana del martes nueve, cuando habitantes de seis comunidades de Calpulalpan fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al momento de cerrar la carretera federal México-Veracruz durante su manifestación por una falta de respuesta por parte del ayuntamiento para dotarles del servicio de agua potable, con el que no cuentan desde hace varios meses.
El cierre de esa carretera sucedió en el kilómetro 77, a la altura del Club de Leones de Calpulalpan, donde arribó un grupo antimotines para retirar a las personas que obstaculizaban el paso vehicular, situación que provocó un enfrentamiento entre esas personas con elementos de seguridad pública, lanzando estos últimos gases lacrimógenos para dispersarlas.
Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos precisa que el derecho a manifestarse se encuentra consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Por su parte, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, manifestó que la intervención del personal antimotines de la SSC fue necesario porque la vía de comunicación es de trascendencia al transitar diariamente unos 50 mil contenedores hacia el centro del país, al igual que para el sur y sureste del territorio nacional, aunado a miles de automovilistas y pasaje de largo itinerario.
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Aunado a ello, refirió que los manifestantes fueron escuchados en sus peticiones con antelación y no había mayor argumento para mantener bloqueada la vía de comunicación, pero los mismos representantes de las comunidades se vieron rebasados por personas que se sumaron sin tener afectación directa o mayor contexto de la problemática, lo que dificultó la situación y por ello la decisión de reabrir el tramo con el uso de la fiera pública.
