De igual forma, el estudio menciona que el 28.8 % de la población recluida fue detenida por la policía estatal, ministerial o judicial; la policía municipal el 22.6 %; estatal el 17.3, así como un 15.2 % por la Policía Federal o Guardia nacional.
VIOLENCIA DESPUÉS DE LA DETENCIÓN
INFORMACIÓN
CORRUPCIÓN
Durante enero de 2023, en Tlaxcala hubo 51 nuevos ingresos a alguno de los Ceresos, de los cuales 46 fueron hombres y cinco mujeres. En contraparte, el estado tuvo 29 egresos de varones y solo tres de mujeres.
El Obispo de Tlaxcala encabezó la ceremonia en la que la feligresía pidió perdón a Dios por la reparación del daño, considerado uno de los más graves para la Iglesia católica
La reinterpretación, a cargo de alumnos de la Escuela de Música, mantiene la esencia del himno adoptado en 1986 de manera oficial, pero lo proyecta con una visión contemporánea a formato con orquesta sinfónica
El 51 % de internos fue víctima de al menos un delito ocurrido al interior del centro penitenciario. / Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala
De manera general, los Centros de Reinserción Social (Ceresos) ubicados en Apizaco y Tlaxcala, incluyendo el femenil, recibieron una calificación regular de 7.58 puntos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero la más alta entre aquellas entidades pertenecientes al “grupo A”, es decir, donde sus Centros albergan de uno a dos mil personas.
De acuerdo con los resultados, la CNDH calificó aspectos como garantizar la integridad de los internos, tener una estancia digna, además de mantener condiciones de gobernabilidad y reinserción social, entre otros, donde Tlaxcala obtuvo 7.58 puntos. Sin embargo, el informe también encontró áreas de oportunidad en las cuales deberán poner mayor énfasis las autoridades encargadas de administrar estos espacios.
El 51 % de internos fue víctima de al menos un delito ocurrido al interior del centro penitenciario. / Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala
De manera particular, reveló que los Ceresos de Apizaco y Tlaxcala, ambos varoniles, recibieron un puntaje de 7.44 y 7.47, de manera respectiva, siendo el más alto el otorgado al femenil, con un 7.84 en los rubros antes mencionados.
Asimismo, la Comisión detalló que, durante el año de referencia, en el Cereso de Apizaco, el cual tiene capacidad para atender a 482 personas, estuvieron recluidos 472; en el de Tlaxcala 385, de un total de 504, y para el femenil, también ubicado en Apizaco, estuvieron recluidas 85 mujeres, aun cuando su capacidad es de 73, lo cual mostró un hacinamiento.
Dentro de las principales observaciones realizadas por la CNDH, están la insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, entre otros.
En comparación, el organismo observó una apropiada atención en número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad de los centros; prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección; supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular; alimentación; condiciones, materiales e higiene de instalaciones del área médica; condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas, entre otros.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también reveló una serie de datos correspondientes a la Encuesta nacional de población privada de su libertad 2021, la cual dio muestra de la situación guardada en su momento por los Ceresos estatales, la cual dio un panorama de la situación de los presos, como son la reincidencia en delitos, corporación que los detuvo, así como la denuncia de diversos acciones sufridas durante su detención y posterior en su internamiento, entre otros.
Conforme a lo expuesto en el estudio de ese año, en el cual estuvieron internos 979 personas, en Tlaxcala el 83.1 % señaló haber tenido dependientes económicos la semana previa a su detención, además de que el 14.1 % indicó haber sido sentenciada por algún delito de manera previa a su reclusión actual.
Uno de los rubros preocupantes en ese año fue el de los actos de violencia cometidos después de la detención, pues en su momento el 81.1 % de las personas privadas de su libertad dijo haber sufrido algún acto de violencia psicológica, realizada o permitida por la policía o autoridad después de la detención, lo cual colocó al estado en el primer lugar en ese rubro a nivel nacional. En los actos violentos fueron registrados la incomunicación o aislamiento, amenazas con levantar cargos falsos o hacerle daño, así como vendarle los ojos o cubrir su cabeza y amenazar con matar al detenido.
En este sentido, también evidenció un 57 % de agresiones físicas después de haber realizado la detención, lo cual ubicó a Tlaxcala en el tercer lugar nacional en este rubro, donde lo más frecuente fue patadas o puñetazos, asfixia o ahorcamiento, ataduras, aplastamiento, ahogamiento, descargas eléctricas y lesiones en órganos sexuales.
Por otro lado, este estudio mostró que al 62.1 % de la población recluida le fue informado el delito del cual le acusaban, sin embargo, el 30 % del total de estos recibió presiones o amenazas para declararse culpables, pero también estuvo posicionado en primer lugar con el 68.7 % de la población ubicada en proceso de sentencia, aunque de los recluidos el 65.6 % tardó más de un año en obtenerla.
Eso sí, un porcentaje de apenas el 11.3 % aceptó haber compartido celda con más de cinco personas, pero el 91.9 % identificó separación entre internos sentenciados y procesados, lo cual ubicó al estado en el primer lugar en ese rubro. También, el 85.1 % de la población realizó alguna actividad laboral en el centro penitenciario en el año de referencia y el 26.6 % estudió para obtener un nivel escolar.
En otro rubro, el informe manifestó la inseguridad del 16.7 % de la población al interior de su celda, aunque el 28.3 dijo sentirse inseguro dentro del penal. También, el 51 % fue víctima de al menos un delito ocurrido al interior del centro penitenciario, lo que colocó al estado en el segundo lugar nacional en esta problemática.
En Tlaxcala, detalló el informe, el 32.6 % de los internos acusó haber sido víctima de corrupción, donde el 22.3 fue durante su detención; el 18.0 en el proceso judicial y el 3.7 % en el centro penitenciario. Asimismo, al interior de los Centros el 29.7 % de la población observó que internos realizan autogobierno o cogobierno.
969 personas estuvieron recluidas en los Centros de Reinserción del estado hasta el mes de febrero de este año.
81.1 por ciento de las personas privadas de su libertad dijo haber sufrido algún acto de violencia psicológica.
