Establecen una alianza con Productora Nacional Maíz Tortilla donde comprarán el grano.
Servando Burciaga
Ante la exclusión de la tortilla de la canasta básica y de los principales programas federales, industriales del sector establecieron un convenio de colaboración con la Productora Nacional Maíz Tortilla. El objetivo es garantizar el abasto de maíz necesario para su elaboración y reducir costos a través de la compra directa a productores del campo.
Juan Carlos Ávila Arteaga, presidente del Consejo de Administración de la Gran Alianza de Industriales de la Masa y la Tortilla de México, informó que el acuerdo tiene sustento jurídico y contempla la integración de los productores rurales como socios estratégicos. “Establecimos un convenio jurídicamente establecido con Productora Nacional Maíz Tortilla; con esta alianza vamos en conjunto con el productor, es una sociedad de producción rural“, señaló.
El esquema busca eliminar intermediarios mediante contratos directos con agricultores, sin distinción del tamaño de su propiedad. “No hay reglas de operación, es hacer un contrato, sea de riego o de temporal; a quien tenga una hectárea, al que tenga 50, se le compra a un precio justo, siempre y cuando cumplan con los requerimientos apropiados para la producción de tortilla“, explicó Ávila Arteaga.
El dirigente subrayó que la necesidad de esta alianza surge directamente del abandono institucional que enfrenta el sector. La tortilla no fue incorporada a la canasta básica, ni al programa Alimentación para el Bienestar, ni al Plan México, ni al Plan Nacional de Desarrollo, y tampoco recibió recursos del presupuesto federal. Ante ese panorama, los industriales optaron por construir sus propios mecanismos de abasto y estabilidad del sector.
El padrón que encabeza Ávila Arteaga agrupa a 10 organizaciones que suman 110 mil establecimientos en todo el país y generan 580 mil empleos directos. En conjunto, el sector consume cinco millones de toneladas de maíz blanco nacional por año, distribuidas en dos ciclos agrícolas.
En el caso particular de Zacatecas, la demanda asciende a dos mil toneladas anuales, una cantidad que la entidad no puede cubrir con su propia producción agrícola, por lo que actualmente el grano se importa desde Sinaloa y Jalisco. Esta dependencia refuerza la urgencia de consolidar la nueva figura jurídica que vincula directamente a los industriales con los productores locales.
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Ávila Arteaga destacó que la rentabilidad del modelo depende de trabajar desde el primer eslabón de la cadena y de aprovechar estímulos fiscales y laborales que permitan reducir los costos de producción, tanto para los tortilleros como para los agricultores. “Si los productores tienen una tonelada, pues bienvenido”, afirmó, al señalar que los trabajos conjuntos ya iniciaron en algunas regiones del país.
