Campistas llenan playas de heces

La Paz, Baja California Sur.- Decenas de turistas extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, utilizan sus casas rodantes para vivir en playas de Baja California Sur, como El Sargento y La Ventana, durante periodos de hasta tres meses. Sin embargo, no siguen ninguna norma ambiental al momento de desechar sus heces que terminan en un arroyo.

Una denuncia anónima de un residente de la delegación La Ventana, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz, expuso el mal manejo sanitario de estos campamentos en zonas de playas donde turistas con camionetas equipadas y acondicionadas con camas, cocinetas y, en algunos casos, baños portátiles, disfrutan de la tranquilidad del entorno, pero sin contribuir con el pago de servicios ni cumplir con normativas de saneamiento en campamentos como la Norma Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2017.

Esta norma estipula los criterios específicos de higiene para los campamentos turísticos, con especial énfasis en el manejo de desechos humanos. Es obligatorio contar con instalaciones sanitarias adecuadas que garanticen la disposición segura de heces y orina, evitando la contaminación del suelo y fuentes de agua.

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Según la investigación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur realizada por Carlos Aurelio Estrada Cortés, sobre el cambio de la estructura social y productiva en El Sargento y La Ventana, el auge del turismo residencial comenzó a consolidarse a partir de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, la cual permitió la venta de terrenos ejidales. 

Esto propició un proceso acelerado de compra-venta de tierras costeras por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, particularmente de Estados Unidos y Canadá. La transición de estas comunidades, históricamente dedicadas a la pesca ribereña, hacia un modelo turístico se intensificó con la creciente popularidad de deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, actividades que atrajeron a una oleada de visitantes estacionales. 

La apropiación del espacio costero con fines residenciales no solo transformó la estructura productiva de la zona, sino que también generó tensiones en torno al acceso a los recursos y a la identidad local, desplazando a habitantes originarios a zonas más altas y reconfigurando las dinámicas sociales y económicas. 

Ante la situación expuesta, Burgoin García señaló que aunque su delegación no cuenta con atribuciones directas en la regulación de estos asentamientos, buscará coordinarse con instancias pertinentes para abordar el problema. “Si esas personas están mal, pues para qué. No queremos a gente que reste, queremos a gente que sume. Que nos vengan a ayudar, sí, pero no a ese costo de contaminación”, declaró.

El funcionario adelantó que en próximos días sostendrá una reunión con representantes de instancias como Semarnat, Conapesca y otras autoridades ambientales, para conocer los alcances de su intervención en la zona. “Voy a tener una reunión hasta el otro lunes y es donde me voy a enterar a ciencia cierta qué es lo que puedo hacer yo, hasta dónde puedo dar y de qué manera podemos ayudar con la delegación”, afirmó.

Además, Burgoin García subrayó la necesidad de infraestructura adecuada en la comunidad para evitar afectaciones al medio ambiente. “Es lo que le he dicho yo a la autoridad: necesitamos tramitar el servicio de drenaje. No podemos seguir teniendo fosas sépticas aquí en la comunidad por cuestiones de contaminación, pues tenemos muy cerca el mar. Todas esas aguas y líquidos se están filtrando a los mantos acuíferos y eventualmente llegan al mar”, alertó.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en un acto de escucha ante la situación, señaló que la problemática recae en el Ayuntamiento de La Paz, específicamente en la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), con quienes se tuvo respuesta para gestionar una entrevista entorno al tema.

Durante un recorrido en la zona sur entre El Sargento y El Jacalito, cerca de la playa Agua Caliente, se constató la permanencia de decenas de campers en terrenos a pie de playa, en espacios sin infraestructura de saneamiento ni servicios básicos. En entrevistas realizadas a algunos visitantes, alrededor de cuatro casas rodantes con uno a cuatro integrantes confirmaron que su estancia oscila entre los dos y tres meses, y aunque reconocen la dificultad para acceder a agua caliente para una ducha o energía eléctrica, consideran que “el sacrificio vale la pena por el paisaje y el clima”.

Sin embargo, el problema principal no radica en la estancia prolongada de los visitantes, sino en el manejo inadecuado de sus desechos fecales, una situación que ha despertado la molestia de la comunidad con 1,359 habitantes en El Sargento según el censo de población y vivienda del INEGI realizado en 2020.

De acuerdo con una denuncia anónima que motivó este recorrido, los campistas eliminan sus excrementos en bolsas plásticas —algunas etiquetadas como “ecológicas”— que posteriormente son arrojadas en un arroyo cercano, junto con papel higiénico y otros residuos.

El problema se agrava debido a la falta de un proceso adecuado de biodegradación, ya que el clima árido de la región impide que los residuos orgánicos se descompongan de manera eficiente. En algunos puntos del área se pueden observar restos de desechos humanos entre la vegetación y sobre la arena.

• Contaminación del suelo, lo que afecta la calidad de la tierra y la flora local.

• Foco de infección, con riesgo de proliferación de enfermedades debido a la exposición directa a desechos humanos.

• Contaminación del agua en época de lluvias, cuando los residuos pueden ser arrastrados hacia el mar.

En otras localidades costeras de México como Baja California en áreas como San Quintín y Bahía de los Ángeles, la presencia de nómadas en campers ha llevado a la creación de zonas designadas con infraestructura básica, como baños secos, depósitos de residuos y áreas específicas para estacionar, evitando así la degradación del entorno.

Los residentes y algunos comerciantes de El Sargento han expresado la necesidad de que las autoridades implementen medidas para regular esta actividad, ya sea mediante cobros de estancia, instalación de servicios básicos o restricciones de campismo en ciertas áreas protegidas.