El estudio “México 2026: Agenda Nacional de Peligros y Riesgos”, elaborado por Eduardo Vázquez Rossainz, académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, traza un mapa alarmante de las zonas donde la violencia criminal podría intensificarse durante los próximos meses.

No se trata de hechos aislados ni de brotes regionales, sino de un fenómeno estructural que avanza por prácticamente todo el territorio nacional.

Ejes territoriales de alto riesgo por la violencia

Violencia en el corazón político y regiones sureñas

El diagnóstico es igualmente preocupante en el suroeste, donde Guerrero, Oaxaca y Chiapas enfrentan la coexistencia de guardias comunitarias, grupos criminales regionales violentos, narcotráfico y tráfico de personas, todo ello agravado por niveles extremos de pobreza y corrupción institucional.

Crisis en el sureste y norte del país

En el sureste, particularmente en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, se perfila una expansión del crimen organizado transnacional vinculado al lavado de dinero, fraude financiero, narcotráfico y control delictivo en puertos y aeropuertos, puntos estratégicos para las rutas ilícitas internacionales.

El norte del país tampoco escapa al diagnóstico. En el noroeste, estados como Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua enfrentan disputas violentas por las rutas transfronterizas utilizadas para el tráfico de fentanilo, drogas sintéticas y precursores químicos, acompañadas por el tráfico de armas y el control de economías informales.

Mientras tanto, el noreste, con Tamaulipas y Nuevo León como epicentro, podría registrar episodios de violencia extrema vinculados al control de rutas migratorias y al tráfico de armas y droga, con potencial impacto en ciudades sede del Mundial.

Disputas criminales y riesgos emergentes

En el occidente, particularmente en Jalisco, Michoacán y Colima, la disputa territorial entre organizaciones criminales ha escalado a niveles que incluyen tácticas paramilitares y el uso sistemático de artefactos explosivos improvisados para controlar puertos y corredores logísticos.

A ello se suma una crisis penitenciaria persistente, marcada por autogobiernos dentro de las cárceles, corrupción interna y fugas, además del crecimiento del desplazamiento forzado de comunidades enteras que huyen de la violencia rural.

Implicaciones estratégicas para la gobernabilidad

Las implicaciones estratégicas son profundas. La violencia político-criminal, advierte el análisis, representa una amenaza directa a la seguridad interior y a la gobernabilidad democrática, pues el Estado enfrenta una erosión progresiva de su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza.

En otras palabras, mientras el país se prepara para el escaparate global del Mundial, el crimen organizado continúa construyendo su propio mapa de poder. Y ese mapa, cada vez más amplio, revela una realidad incómoda: en muchas regiones, el Estado mexicano ya no gobierna solo.