ANPEC: 3 de cada 10 cigarros en México son ilegales por alza del IEPS

La entrada en vigor del nuevo IEPS fortaleció de manera significativa el mercado de cigarros de contrabando, que ya representan 3 de cada 10 cigarros, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

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Actualmente, 3 de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales. Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Estas organizaciones criminales venden cigarros a plena vista en las afueras de estaciones del Metro, paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos. Resulta sumamente sencillo encontrar en dónde adquirir este tipo de productos.

Este 1 de enero entraron en vigor las reformas al Código Fiscal de la Federación que refuerzan la obligación de verificar la legalidad de las cajetillas de cigarros, estableciendo con mayor claridad que la venta o posesión de cigarros ilegales se considera una conducta equiparada al delito de contrabando.
La legislación vigente es clara, la ley no exige intención para sancionar. Esto significa que vender o tener cigarros ilegales, incluso sin saberlo, puede generar responsabilidades fiscales y penales para el comerciante que así lo haga.

El código de seguridad fiscal, obligatorio en cada cajetilla legal, es el principal elemento para acreditar que el producto cumple con la ley. Se trata de un código único e irrepetible que demuestra el pago de impuestos. La ausencia de este código o el uso de códigos falsos, alterados o apócrifos, coloca al comerciante en riesgo de ser considerado y tratado como contrabandista.

Uno de los mayores problemas para los pequeños comercios es que las sanciones no se limitan al importador o fabricante o a quien se los vendió. La responsabilidad también alcanza a quien vende (pequeño comerciante), almacena o simplemente tiene en su poder cigarros ilegales sin poder acreditar su legal procedencia.

• Prisión de 3 meses a 5 años cuando se trate de contrabando sin agravantes relevantes.

• Prisión de 3 a 9 años cuando se configure contrabando calificado, como el uso de códigos falsos o alterados, documentación fraudulenta o cuando el monto de los impuestos omitidos sea elevado.

• Multas equivalentes del 130% hasta el 150% de las contribuciones omitidas, incluyendo el IEPS.

• Aseguramiento y decomiso definitivo de los cigarros o tabacos labrados, así como de los medios utilizados para su transporte o almacenamiento.

• Pueden ser sancionados comerciantes, distribuidores o cualquier persona que tenga en su poder cigarros ilegales si no puede acreditar su legal estancia y cumplimiento fiscal.

Por ello, el mensaje de ANPEC a sus afiliados y a los pequeños comerciantes del país es contundente: la prevención comienza por comprar únicamente a distribuidores formales, revisar cuidadosamente cada cajetilla y conservar la documentación que acredite la legalidad de los productos, no poner en riesgo el negocio es una decisión clave para su permanencia y estabilidad.

Asimismo, la organización hizo un llamado a estar atentos a los cambios en la ley y a actuar con responsabilidad. Vender cigarros de contrabando no es opción, exhorta a los pequeños comerciantes a vender únicamente cigarros legales. De igual manera menciona que estará atenta a que estas medidas realmente contribuyan al combate del contrabando en el país y no se queden, como hasta ahora, en letra muerta para los contrabandistas.

ANPEC exigió que la ley se aplique donde ya se sabe que se comete este delito, las acciones deben enfocarse en quienes venden abiertamente en las calles y conocidos centros de acopio y distribución de contrabando y hacia allá deben dirigirse los esfuerzos de la autoridad para hacer valer el Código Fiscal y no buscar la piedrita en el arroz en los pequeños comercios establecidos y formales, cuya vocación no es ni ha sido el contrabando.

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