La Voz de las Mujeres / Embarazos infantiles: omisiones que también violentan

Estamos iniciando el 2026 con cifras nuevamente alarmantes de embarazos a temprana edad. Una realidad que, lejos de disminuir, se repite con dolorosa constancia en Chiapas. El caso ocurrido en San Cristóbal de Las Casas se volvió viral y estremeció a la opinión pública, pero sería un error pensar que se trata de un hecho aislado o excepcional. No lo es. Es apenas la punta de un iceberg que esconde decenas —quizá cientos— de historias de niñas que fueron obligadas a convertirse en madres en silencio, sin protección.

Desde la perspectiva de las mujeres, este tema duele doblemente. Duele porque son niñas violentadas, pero también porque son instituciones dirigidas, en su mayoría, por hombres y por estructuras patriarcales las que siguen fallando una y otra vez. Cuando una niña queda embarazada, no es un “accidente”, no es una “situación familiar”, no es un “error”: es una señal clara de violencia sexual, de abandono institucional y de negligencia gubernamental.

La pregunta es inevitable: ¿qué se tiene que hacer?

Lo primero ya se intentó. Se convocó a reuniones. Se llamó a los procuradores municipales, quienes por ley tienen la obligación de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se dialogó. Se expusieron cifras. Se habló de prevención. Pero el resultado fue desolador. El diagnóstico revela una falla estructural grave y profundamente preocupante: muchos procuradores, a estas alturas, desconocen incluso el Decálogo Humanista impulsado por el gobernador desde el año pasado y que fue instruido para bajarse a los municipios y aplicarse de manera transversal.

¿Cómo se puede proteger a la niñez cuando quienes tienen la responsabilidad legal ni siquiera conocen los lineamientos básicos? ¿Cómo se puede hablar de compromiso cuando ni la información mínima ha sido socializada dentro de las propias estructuras municipales?

La realidad es cruda y no admite maquillaje. Numerosas procuradurías municipales no cuentan con lo elemental para operar. No tienen vehículos para atender reportes urgentes, no tienen personal suficiente ni capacitado. No cuentan con psicólogos, trabajadores sociales ni abogados especializados, y en algunos casos ni siquiera tienen oficinas dignas. Así, la protección de la infancia se reduce a discursos vacíos, actas de compromiso y fotografías para redes sociales.

Decir “sí, nos comprometemos” o “vamos a trabajar” ya no alcanza cuando las cifras de embarazos infantiles siguen creciendo. Es aún más grave cuando la omisión institucional se convierte en una forma silenciosa de violencia. Porque cada embarazo a temprana edad implica una cadena de fallas del Estado: falló la prevención, falló la educación sexual integral, falló la vigilancia, falló la denuncia y falló la protección.

Y aquí es donde la responsabilidad de los ayuntamientos se vuelve imposible de ocultar. Los gobiernos municipales tienen una enorme carga en esta problemática, pero lamentablemente, están haciendo lo mismo de siempre: nada. No por falta de recursos, sino por una clara decisión política de no priorizar la prevención. El dinero destinado para este rubro se diluye, se redirecciona o simplemente se utiliza para otros fines, mientras las niñas siguen pagando las consecuencias.

La prevención no da votos inmediatos, no luce en inauguraciones ni genera aplausos en eventos públicos. Tal vez por eso se le sigue relegando. Tal vez por eso se sigue prefiriendo gastar en ocurrencias antes que en capacitación, en campañas reales de información, en fortalecimiento de las procuradurías y en atención integral a las infancias.

Las preguntas incómodas siguen flotando en el aire: ¿Dónde están las autoridades cuando una niña es obligada a convertirse en madre? ¿Quién asume la responsabilidad cuando las procuradurías no tienen ni con qué moverse? ¿Quién responde cuando las omisiones se repiten municipio tras municipio?

Y hay otro problema que no puede ignorarse: la improvisación. Los ayuntamientos siguen evidenciando una práctica dañina y peligrosa: colocar en cargos clave a personas sin la mínima capacidad, experiencia o sensibilidad para atender temas tan delicados, únicamente por compromisos de campaña. Desde la voz de las mujeres, esto es inaceptable. No se puede seguir jugando a gobernar cuando las consecuencias recaen sobre cuerpos pequeños, sobre vidas truncadas, sobre niñas a quienes se les arrebata la infancia. La negligencia institucional también violenta. La indiferencia también agrede. La inacción también mata proyectos de vida.

Si el discurso humanista no baja a territorio, si no se dota de recursos reales a quienes deben proteger a la niñez, si no se profesionaliza al personal y si no se castiga la omisión, entonces no estamos frente a un problema de desconocimiento, sino de negligencia institucional deliberada. Y eso debe decirse con todas sus letras.

Ojalá que las autoridades, especialmente los ayuntamientos, se pongan a trabajar de verdad. Porque cada día que pasa sin acciones concretas, es un día más en el que una niña puede estar siendo violentada sin que nadie haga nada.

Proteger a la niñez no es un favor, no es una promesa de campaña ni una opción política. Es una obligación legal, ética y moral. Y las mujeres no vamos a dejar de alzar la voz hasta que se cumpla.

Correo: superacionmujer_ac@hotmail.com

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