Lo que no está listo —una vez más— es el Estado.
Las niñas y los niños necesitan leer. No es una consigna romántica ni una aspiración pedagógica abstracta: es una urgencia estructural, un derecho humano fundamental y una condición mínima para la libertad. Sin acceso a libros, las niñas y los niños no sólo pierden historias: pierden lenguaje, pensamiento crítico, imaginación y, sobre todo, posibilidades.
En México, sin embargo, seguimos fallando en lo más básico: poner libros en sus manos. El problema no es únicamente la pobreza —aunque la atraviesa—, sino la forma en que el Estado administra, retrasa y, en muchos casos, obstaculiza el acceso a la lectura. El Programa Nacional de Salas de Lectura, que en teoría debería ser un puente entre los libros y las comunidades, se ha convertido en un laberinto burocrático donde los acervos se detienen, se archivan o simplemente no llegan.
En Chiapas, esta realidad es particularmente grave. En Tuxtla Gutiérrez, las oficinas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) operan como un cuello de botella administrativo que ralentiza la distribución de materiales. Mientras los expedientes avanzan entre firmas, sellos y oficios, las salas de lectura en el Soconusco —muchas de ellas sostenidas por voluntades individuales y no por políticas públicas efectivas— permanecen vacías o desactualizadas.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo pueden esperar las niñas y los niños para tener acceso a un libro? Porque mientras los trámites se acumulan, las infancias no se detienen. Crecen. Y crecen sin libros. El índice lector en México es, desde hace años, motivo de preocupación. Las cifras fluctúan, pero el problema de fondo permanece: leemos poco, leemos mal y leemos con profundas desigualdades territoriales. En estados como Chiapas, donde las brechas educativas son históricas, el acceso a la lectura está condicionado por factores económicos, geográficos y culturales que el Estado no ha sabido —o no ha querido— resolver. Hablar de fomento a la lectura en este contexto implica reconocer que no basta con diseñar programas: hay que garantizar su operación efectiva. No basta con anunciar acervos: hay que entregarlos. No basta con capacitar mediadores: hay que sostenerlos. Lo contrario es simulación. Y la simulación, en materia de derechos humanos, es una forma de violencia.
Porque negar o retrasar el acceso a los libros no es un error administrativo: es una omisión que reproduce desigualdades. Las niñas y los niños de las zonas urbanas, con bibliotecas escolares y acceso digital, avanzan; las niñas y los niños de las periferias, de comunidades rurales o marginadas, quedan rezagados. No por falta de interés, sino por falta de condiciones. Ahí es donde la lectura deja de ser un tema cultural y se convierte en un tema de justicia.
Sin embargo, el problema no termina en la burocracia. A esta ineficiencia estructural se suma una preocupación creciente: el giro ideológico de la política educativa bajo el marco de la llamada Nueva Escuela Mexicana. En lugar de fortalecer el hábito lector desde la diversidad, la calidad literaria y el pensamiento crítico, se observa una tendencia preocupante hacia la instrumentalización de los contenidos. La lectura deja de ser un espacio de descubrimiento para convertirse en un vehículo de transmisión ideológica.
El caso de la orientación impulsada por figuras como Marx Arriaga es ilustrativo. Bajo el discurso de una educación “transformadora”, se han promovido materiales y enfoques que privilegian una visión política específica por encima de la pluralidad. El riesgo no es menor: cuando la lectura se convierte en dogma, deja de formar lectores y empieza a formar creyentes. Y una sociedad de creyentes —en cualquier ideología— es profundamente vulnerable.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la educación debe garantizar el acceso a múltiples voces, a diversas narrativas, a contradicciones incluso. Leer no es repetir: es cuestionar, interpretar, dialogar. Reducir la lectura a un instrumento de adoctrinamiento no sólo empobrece el proceso educativo, sino que vulnera el derecho de las niñas y los niños a construir su propio pensamiento. En este sentido, la Nueva Escuela Mexicana parece haber perdido de vista un principio básico: no hay transformación posible sin libertad intelectual. Y no hay libertad intelectual sin libros. Pero no cualquier libro: libros disponibles, accesibles, pertinentes, diversos. Libros que lleguen a tiempo, que circulen, que se lean.
La batalla por la lectura en México —y particularmente en Chiapas— no es menor. Es una lucha cotidiana que libran docentes, mediadoras, madres de familia y promotoras culturales que, muchas veces sin apoyo institucional, sostienen espacios de lectura en condiciones precarias. Son ellas quienes entienden que cada libro entregado a una niña o a un niño es una puerta abierta; que cada historia compartida es una forma de resistencia. Frente a ellas, el aparato institucional se percibe lento, distante, ajeno. Y, en ocasiones, indiferente.
Por eso es necesario decirlo con claridad: el Estado mexicano está en deuda con las niñas y los niños de México. No basta con discursos ni con reformas educativas que prometen cambios estructurales. La verdadera transformación comienza con acciones concretas: distribución eficiente de acervos, fortalecimiento de las salas de lectura, acompañamiento a mediadores y, sobre todo, respeto a la inteligencia de las infancias.
Las niñas y los niños no necesitan propaganda. Necesitan libros. Necesitan historias que los nombren, que los desafíen, que los acompañen. Necesitan acceso real, no promesas. Porque cada día que pasa sin que un libro llegue a sus manos es un día perdido en su formación, en su autonomía, en su derecho a imaginar un futuro distinto. Y ese es un costo que, como sociedad, no podemos seguir normalizando. La pregunta, entonces, no es si debemos fomentar la lectura. La pregunta es por qué seguimos fallando en algo tan elemental. Y, sobre todo, cuánto más están dispuestos a esperar las niñas y los niños de Chiapas. Porque ellas y ellos ya están listos.
