A casi siete años de haber arrancado el programa La Escuela es Nuestra, impulsado en su momento por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, es innegable que miles de planteles en el país y en Chiapas recibieron por primera vez recursos directos para mejorar su infraestructura. Aulas rehabilitadas, sanitarios dignos, plazas cívicas, techados y equipamiento escolar comenzaron a dejar de ser promesas para convertirse en realidades tangibles.

La esencia del programa fue clara, que el dinero llegara sin intermediarios a las escuelas y que su aplicación estuviera en manos de directivos y comités de madres y padres de familia. Una fórmula que, en teoría, cerraba la puerta a la corrupción institucionalizada de antaño. Pero la práctica ha demostrado que donde hay recursos públicos, también pueden colarse viejos vicios.

En Tapachula no se cuenta una historia distinta. El año pasado, varios techados escolares presentaron fallas estructurales derivadas de decisiones que privilegiaron el “ahorro” sobre la seguridad: mano de obra barata, materiales de dudosa calidad y supervisión laxa. El resultado fue el colapso de estructuras que, por fortuna, no cobraron vidas. La anécdota se cerró con un “no pasó nada”, pero el fondo revela un problema serio: la tentación de estirar el presupuesto a costa de la integridad de estudiantes y docentes.

Más delicado aún fue el malestar que se gestó en planteles del Colegio de Bachilleres de la región Costa. Directivos denunciaban presiones de un coordinador que pretendía imponer a su propia constructora para ejecutar obras del programa y, de paso, asegurar su comisión. Hoy, ese personaje que presume padrinazgos políticos en el Congreso local se mueve con nerviosismo buscando recomponer relaciones con la nueva dirección general del subsistema. Los vientos han cambiado.

Porque si algo ha marcado diferencia en esta etapa es la presencia territorial de la directora general del Colegio de Bachilleres en Chiapas, Viridiana Figueroa García. A diferencia de administraciones pasadas, su agenda no se limita al escritorio, recorre planteles, escucha a docentes y familias, y observa de primera mano cómo se ejecutan los recursos. Ese estilo, cercano y sin prisa, ha generado empatía en comunidades educativas que por años se sintieron olvidadas.

Ejemplos positivos también existen y vale decirlo: el plantel 70 ejecutó con eficacia los recursos recibidos y transformó espacios largamente deteriorados. Allí, la comunidad escolar asumió con seriedad la responsabilidad que implica administrar dinero público. Demostraron que el modelo puede funcionar cuando hay transparencia y compromiso.

Pero la otra cara sigue presente. En el plantel 08 de Tapachula, la inversión de más de un millón de pesos en rehabilitación de sanitarios levantó cejas por su costo desproporcionado. Hoy, la lupa de auditorías federales se aproxima y los directivos saben que tendrán que explicar cada factura. Ya no basta con inaugurar, toca comprobar.

Desde la coordinación regional de programas federales se ha abierto la puerta a denuncias ciudadanas. Padres y madres de familia que detecten irregularidades pueden acudir y señalar. El mensaje es que habrá revisión exhaustiva del manejo de recursos. La credibilidad del programa depende de ello: su propósito social es innegable, pero su continuidad exige castigos cuando se traiciona la confianza comunitaria.

También hay un viraje en la conducción federal en Chiapas. La representación estatal de los programas sociales, encabezada por Manuela Obrador, enfrenta el reto de pasar del discurso a la supervisión efectiva. Informar a instancias superiores y sancionar desvíos no puede seguir siendo una promesa diferida. Sentar precedentes es la única forma de proteger una política pública que sí ha cambiado realidades escolares.

Al final, La Escuela es Nuestra sigue siendo una herramienta valiosa para reducir desigualdades educativas. Pero su éxito futuro dependerá de dos factores: vigilancia comunitaria real y autoridades dispuestas a incomodar a quienes intenten hacer negocio con el presupuesto escolar. Porque cuando el dinero destinado a niñas y niños se convierte en botín, la falla ya no es de un techo, es del sistema.

REFLECTORES

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García, mantiene una ruta clara en la reorientación del subsistema. Su presencia constante en territorio ha empezado a mover inercias y a evidenciar rezagos. Como en toda transformación, surgen resistencias internas que buscan desacreditar o frenar. Sin embargo, hasta ahora, la gestión avanza sin distraerse en la grilla y con el objetivo de reposicionar al Cobach en la entidad. Tapachula, su tierra, observa de cerca el resultado de esa apuesta.

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