Chiapas, desde el sur, nos da una lección de lo que significa construir humanidad desde el Estado. Con firmeza, con seguridad, pero también con empatía. Porque en tiempos de incertidumbre, los derechos humanos no pueden esperar. Mucho agradeceré sus comentarios a:
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En medio de los complejos desafíos que plantea el fenómeno migratorio en la Frontera Sur, una buena noticia emerge como reflejo de voluntad, corresponsabilidad y, sobre todo, de humanidad: la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chiapas y la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR). Este acuerdo no es una simple rúbrica en papel, sino el reconocimiento formal de una colaboración que lleva más de 40 años de trabajo articulado y que hoy cobra renovado vigor.
El compromiso que ha asumido el Estado mexicano, y particularmente Chiapas, no es menor. Convertido en la principal puerta de entrada para quienes huyen de la violencia, la pobreza o la persecución, Chiapas ha sabido no solo resistir el embate de la crisis humanitaria, sino también abrir sus instituciones, sus leyes y sus brazos para atender a miles de personas que buscan un nuevo comienzo.
La firma de este convenio evidencia que no puede haber integración real sin seguridad, sin paz y sin un Estado funcional. Chiapas cumple con estas condiciones. Lo hace cada vez que refuerza la gobernabilidad en sus regiones más sensibles. Lo demuestra cuando brinda atención médica, jurídica o psicológica a personas refugiadas. Y lo confirma al sentarse en la misma mesa con organismos internacionales para diseñar juntos una política pública que no solo atienda, sino que dignifique.
Porque sí, Chiapas no actúa desde la improvisación, sino desde una estrategia bien estructurada en la que confluyen la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), organizaciones civiles y organismos multilaterales como ACNUR. Esta red de articulación solo es posible cuando existe un ambiente de seguridad y una estructura estatal comprometida con la protección integral.
Y no es menor el detalle: para que ACNUR decida estrechar aún más su trabajo con Chiapas, deben existir garantías claras de que los esfuerzos no se perderán en medio del caos. La firma de este convenio, entonces, también es un voto de confianza al clima de estabilidad institucional que se vive en el estado.
No se trata solo de asistir a quienes llegan con lo puesto y la esperanza a cuestas. Se trata de integrarlos, proteger sus derechos, combatir la xenofobia y abrirles una oportunidad de vida en una tierra donde, lejos de ser vistos como una carga, pueden convertirse en agentes de desarrollo.
