Los operativos se han realizado por denuncias anónimas que alertan sobre presuntos secuestros de migrantes en la región
Carlos Mejía
En la frontera sur de México, la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chiapas ha llevado a cabo al menos seis cateos en viviendas de Tapachula en lo que va del año 2025, bajo la premisa de denuncias anónimas que alertan sobre el secuestro de migrantes.
Testimonios recabados señalan irregularidades en la ejecución de los operativos, donde los agentes han irrumpido en los domicilios sin presentar documentos oficiales que justifiquen la intervención. Una vez dentro revisan sin recato para luego colocar en las puertas del inmuble un papel con la leyenda “Preservado”, pero sin incluir algún número de carpeta de investigación, lo que ha generado preocupación entre los afectados (propietarios de las viviendas).
Una abogada y experta en el tema señala que la mayoría de las carpetas de investigación se inician después de que las viviendas han sido aseguradas. Es decir, las propiedades son intervenidas primero y la investigación se abre posteriormente.
“En la Fiscalía se investiga después de que ya aseguraron el inmueble. Los afectados tienen que contratar abogados para recuperar sus viviendas, aunque cuenten con contratos de arrendamiento que acrediten su legítima estancia en el lugar”, explicó la jurista.
Además, aunque en algunos casos no se encuentra evidencia de un delito, las viviendas son devueltas días después, pero con daños estructurales causados por los operativos.
Los operativos de la FGE han aumentado en respuesta a una ola de violencia contra migrantes en Tapachula. En noviembre de 2024, un grupo armado secuestró a siete venezolanos en la colonia Centro. Testigos indicaron que cinco sujetos con pasamontañas y armas largas irrumpieron en una vivienda y se los llevaron en un vehículo blanco con vidrios polarizados.
Ese mismo mes, operativos federales resultaron en la detención de Josué Porfirio y José Alejandro, presuntos responsables de tráfico de personas en la región.
A lo largo de los últimos meses del 2024, las autoridades han realizado múltiples intervenciones en inmuebles usados por grupos criminales. Entre los operativos más relevantes destacan los efectuados en diciembre de 2024, en el municipio de Frontera Comalapa, el cual fue efectuado en conjunto entre la FGE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lográndose el rescate de 22 migrantes secuestrados. Durante la acción, un agente de la Policía de Investigación y un elemento federal perdieron la vida.
En enero de 2025, ocho migrantes fueron rescatados en cateos realizados en la frontera con Guatemala; posteriormente en ese mismo mes en Puerto Madero, un operativo rescató a 21 personas en tránsito de distintas nacionalidades, aunque finalmente se determinó que no estaban privadas de su libertad, sino que carecían de documentos migratorios.
A pesar de la gravedad de los delitos que buscan combatir, algunos operativos han sido señalados por su falta de transparencia. En un cateo reciente en la colonia Xochimilco, los agentes colocaron un papel en la puerta de una vivienda sin especificar el número de expediente correspondiente, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes y propietarios de viviendas.
El 12 de enero de 2025, otro operativo en el primer cuadro de la ciudad resultó en la detención de siete personas por el secuestro de dos víctimas. Tres armas largas y una granada fueron aseguradas durante la intervención, lo que refuerza las sospechas sobre la peligrosidad del grupo criminal desarticulado.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar ha destacado que estos operativos buscan fortalecer la seguridad en la Frontera Sur y reafirmó su compromiso de garantizar la tranquilidad de la población chiapaneca. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado sobre posibles violaciones en los procesos y han exigido mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Los cateos y aseguramientos de viviendas en Tapachula, reflejan la compleja situación de seguridad en la región. Si bien los operativos han permitido rescatar a migrantes secuestrados y desarticular bandas delictivas, las denuncias sobre procedimientos irregulares generan preocupación entre los habitantes y propietarios de los inmuebles intervenidos.
