Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, los casos pasaron de 75 a 96, lo que representa un aumento del 28%
Miguel Rojas
Los delitos contra la familia registraron un incremento en Chiapas durante los primeros meses de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, los casos pasaron de 75 a 96, lo que representa un aumento del 28%.
Dentro de esta categoría, la violencia familiar muestra un crecimiento aún más marcado. En diciembre se documentaron 49 casos, cifra que subió a 52 en enero, a 58 en febrero y alcanzó 75 en marzo, lo que significa un incremento del 53% en apenas cuatro meses. Especialistas advierten que este fenómeno refleja no solo una mayor incidencia, sino también una creciente disposición de las víctimas a denunciar, impulsada por campañas de sensibilización, pero aún insuficiente frente a la magnitud real del problema.
En el caso del incumplimiento de pensión alimentaria, aunque las cifras parecen más estables, persiste una tendencia preocupante. De 26 casos en diciembre, el número descendió a 20 en enero y 17 en febrero, para luego subir nuevamente a 20 en marzo. Comparando diciembre con febrero, hubo una disminución del 34%, aunque el repunte en marzo sugiere que el problema se mantiene latente. Organizaciones como Colectiva Ley Sabina Chiapas estiman que cientos de menores siguen sin recibir los recursos mínimos para su subsistencia, debido a la omisión de sus progenitores.
En Diario del Sur se ha documentado múltiples testimonios que reflejan esta problemática. En reportajes recientes, se revela que siete de cada diez mujeres en Chiapas sufren algún tipo de violencia, siendo la violencia intrafamiliar y la falta de pago de pensiones alimentarias dos de las formas más recurrentes de afectación.
De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre violencia familiar en 2023, Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en percepción de inseguridad dentro del hogar. A esto se suma el señalamiento de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que advierte que la falta de cumplimiento de pensiones alimentarias constituye una forma de violencia económica hacia las niñas, niños y adolescentes.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha intensificado las acciones contra los deudores alimentarios. De acuerdo con sus reportes, las sentencias condenatorias por incumplimiento de obligaciones familiares se han incrementado en los últimos meses, aunque organizaciones civiles consideran que aún falta fortalecer los mecanismos de seguimiento para garantizar que las víctimas efectivamente reciban la pensión.
Mientras tanto, programas como “Somos tu Red de Apoyo”, impulsados por el gobierno estatal y organismos internacionales, buscan brindar asesoría legal, psicológica y social a las víctimas de violencia familiar, pero el aumento de casos plantea el reto de ampliar su cobertura y eficiencia.
