Estos embarazos, están asociados en su mayoría a contextos de explotación, abuso sexual, matrimonios forzados, trata de menores
Marcia Ramos / Diario del Sur
Chiapas ocupa el primer lugar nacional en partos de niñas de entre 10 y 14 años, una estadística alarmante que pone de relieve la gravedad de un problema que entrelaza pobreza, marginación, violencia sexual, desigualdad y abandono institucional. Según datos recientes de la Secretaría de Salud federal, durante el primer trimestre de 2025 se atendieron 1,121 partos en este rango de edad en hospitales públicos del país, de los cuales 217 ocurrieron en Chiapas, posicionando a la entidad como líder tanto en cantidad como en tasa por cada mil niñas.
Estos embarazos, lejos de ser producto de decisiones informadas, están asociados en su mayoría a contextos de explotación, abuso sexual, matrimonios forzados, trata de menores y ausencia de acceso efectivo a educación sexual integral y servicios de salud reproductiva. La situación se agrava en comunidades indígenas y zonas rurales donde imperan altos niveles de marginación, analfabetismo y normas culturales que perpetúan la desigualdad de género.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha advertido que América Latina es la única región del mundo donde los nacimientos en niñas menores de 15 años siguen en aumento, y México se encuentra entre los países con las cifras más preocupantes. En Chiapas, factores como el bajo uso de anticonceptivos, la falta de educación sexual y reproductiva, y la violencia de género son claves para entender el fenómeno.
Datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que Chiapas tiene la tasa más baja del país en uso de métodos anticonceptivos entre adolescentes, y que el 22.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya ha iniciado su vida sexual. El 90% de ellas no utilizó ningún método de protección en su primera relación.
Además, la entidad presenta una tasa de fecundidad adolescente general (10-19 años) de 78.3 nacimientos por cada mil mujeres, muy por encima del promedio nacional, mientras que la tasa de fecundidad adolescente temprana (10-14 años) es también la más alta del país, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) y el INEGI.
De acuerdo con organizaciones como Redim y Early Institute, gran parte de estos embarazos infantiles son resultado de violencia sexual, muchas veces cometida por familiares, vecinos o conocidos. Sin embargo, la mayoría no son denunciados ni investigados. Solo uno de cada 10 casos de embarazo infantil se judicializa en México.
En Chiapas, los embarazos en niñas también afectan a población migrante centroamericana, indígena y afrodescendiente que se encuentra en tránsito o asentada en comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad. Esto complica aún más la atención institucional, pues muchas de las víctimas no hablan español, carecen de documentos o viven fuera del radar del sistema de salud.
Pese a que desde 2015 México cuenta con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), los resultados en Chiapas siguen siendo insuficientes. La falta de datos desagregados por municipio, etnia o nivel de marginación dificulta el diseño de políticas focalizadas. Además, la educación sexual integral aún no se aplica de forma transversal en todos los niveles educativos, y los servicios amigables para adolescentes son limitados en zonas rurales.
Expertos coinciden en que es indispensable fortalecer una estrategia intersectorial que incluya acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, justicia con enfoque de género, educación libre de estigmas y campañas comunitarias que erradiquen prácticas nocivas como el matrimonio infantil, aún tolerado en algunas regiones del estado.
El embarazo infantil no solo representa una vulneración a los derechos humanos de las niñas, sino que tiene consecuencias devastadoras a largo plazo: abandono escolar, problemas de salud, mayor riesgo de mortalidad materna e infantil, dependencia económica y repetición del ciclo de pobreza. Interrumpir este patrón es urgente y requiere voluntad política, presupuesto, vigilancia social y, sobre todo, escuchar y proteger a las niñas.
