Centros penitenciarios de Chiapas operan por encima de su capacidad
El penal más saturado es el CERSS No. 14 “El Amate”, seguido por los centros de Tapachula y San Cristóbal de las Casas
El penal más saturado es el CERSS No. 14 “El Amate”, seguido por los centros de Tapachula y San Cristóbal de las Casas

Carlos Mejía
El sistema penitenciario del estado de Chiapas enfrenta un importante desafío debido a la sobrepoblación en sus centros de reinserción social, una situación que pone en riesgo la eficacia de los programas de rehabilitación y vulnera los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Prevención y Recesión Social a nivel federal, actualmente, en Chiapas operan 17 Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), distribuidos estratégicamente en diferentes regiones con el objetivo de facilitar la reinserción de los internos a la sociedad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales, las cifras reflejan una problemática creciente: los centros cuentan con una capacidad total de 4,610 espacios, pero actualmente albergan a 6,354 personas privadas de la libertad, lo que representa una sobrecarga del 37.83%.
Los CERSS están ubicados en los municipios de Chiapa de Corzo, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Motozintla, Huixtla, Villaflores, Comitán, Pichucalco, Yajalón, Tonalá, Cintalapa, Copainalá, Ocosingo y Catazajá. Destaca también el Centro Estatal Preventivo No. 01, también en Chiapa de Corzo, y el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes “Villa Crisol”, ubicado en Berriozábal, que atiende exclusivamente a menores en conflicto con la ley.

Uno de los centros estatales, el CERSS No. 9 en Acapetahua, se encuentra inhabilitado desde 2017 debido a daños estructurales causados por un sismo, lo cual ha contribuido al aumento de la carga en los demás centros del estado.
Además de los CERSS, Chiapas alberga un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO No. 15 - CPS Chiapas), ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán. Este penal federal fue construido bajo un esquema de asociación público-privada y está diseñado para recibir hasta 2,520 internos, en una infraestructura de más de 100,000 m². En este centro, se implementan programas educativos a distancia en colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), ofreciendo una opción real de reinserción social mediante la formación académica de los internos.
De acuerdo con cifras oficiales, de los 6,354 reclusos en el estado, 2,531 son hombres procesados y 222 mujeres procesadas. Además, se contabilizan 3,071 hombres sentenciados y 151 mujeres sentenciadas. En el caso del CEFERESO, se encuentran 175 hombres procesados, 5 mujeres procesadas, así como 179 hombres sentenciados y 10 mujeres sentenciadas.
El penal estatal con mayor carga es el CERSS No. 14 “El Amate”, ubicado en Cintalapa. Este centro fue diseñado para albergar a 1,780 internos, pero actualmente resguarda a 2,046 personas, lo que representa una sobrecarga del 8.16%.
Le sigue en importancia el CERSS No. 3 en Tapachula, que cuenta con 910 espacios disponibles, pero alberga a 1,210 internos, reflejando una sobrecarga del 32.97%.

Otro caso preocupante es el del CERSS No. 5 en San Cristóbal de las Casas, el cual fue diseñado para alojar a 276 personas, pero actualmente tiene 314 internos, con una sobrepoblación que supera el 13.77%.
La sobrepoblación carcelaria trae consigo múltiples complicaciones, entre ellas, la saturación de servicios médicos, educativos y de seguridad, el aumento de conflictos internos y la limitación de acceso a programas de reinserción. Las condiciones de hacinamiento vulneran el derecho a la dignidad humana y dificultan los esfuerzos institucionales por reducir los índices de reincidencia delictiva.

A pesar de estos retos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, encargada de la supervisión de los CERSS, mantiene activos diversos programas de rehabilitación y reinserción, entre ellos talleres de capacitación laboral, actividades culturales, deportivas y programas educativos, en coordinación con otras instituciones.
Desde hace muchos años existen denuncias de familiares que explican la situación actual de los centros penitenciarios en Chiapas, lo que exige una revisión profunda de la política penitenciaria, así como inversiones en infraestructura, programas de prevención del delito y alternativas al encarcelamiento para delitos menores. El objetivo debe ser un sistema penitenciario verdaderamente orientado a la justicia restaurativa y a la reinserción efectiva de quienes cumplen condenas, en condiciones humanas y dignas.