Alrededor de un millón de chiapanecos que viven en Estados Unidos, de acuerdo con el Parlamento Centroamericano, podrían ser deportados por Donald Trump
Alejandro Gómez y Ángeles Vargas
Cerca de un millón de chiapanecos que viven en Estados Unidos corren el riesgo de ser deportados a México, a partir del próximo 20 de enero, cuando Donald Trump asuma por segunda ocasión la presidencia de ese país.
De acuerdo con el último censo del Parlamento Centroamericano, alrededor de un millón de chiapanecos se encuentran en Estados Unidos, la mayoría trabajando en actividades agrícolas bajo condiciones irregulares y sin un estatus legal.
Cifras de la Unidad de Política, Registros e Identidad de Personas señala que Chiapas ha encabezado por varios años el número de retornos de migrantes desde Estados Unidos, manteniéndose como el estado líder a nivel nacional en esta categoría.
En 2022, más de 29 mil chiapanecos regresaron al estado, mientras que en 2023 la cifra disminuyó a poco más de 22 mil. Hasta noviembre de 2024, se registraron más de 18 mil retornos, con proyecciones que podrían alcanzar los 20 mil al cierre del año.
A pesar de una disminución constante en los números anuales, las estadísticas oficiales muestran que Chiapas sigue reportando retornos superiores a las 20 mil personas cada año. Esta tendencia podría experimentar un incremento significativo si las políticas migratorias anunciadas por Donald Trump se concretan tras el 20 de enero, lo que podría duplicar o incluso triplicar las cifras actuales.
El perfil de los migrantes retornados es diverso, ya que incluye tanto a población mestiza como indígena procedente de zonas urbanas y rurales. Este fenómeno se observa de manera más acentuada en ciertas localidades del estado que presentan un volumen migratorio variable dependiendo de factores económicos y sociales.
Entre los años 2000 y 2022, la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF Norte) reportó 688,662 eventos de migrantes chiapanecos que llegaron a la frontera norte con la intención de cruzar a Estados Unidos. Esta cifra representa el 8.2 % del total nacional, lo que destaca la importancia de Chiapas como un estado con alta movilidad migratoria.
En el año 2000, la EMIF Norte registró 3 mil 446 eventos de migrantes chiapanecos en su tránsito hacia la frontera norte. Sin embargo, para 2006, esta cifra alcanzó un pico histórico de 118 mil 520 eventos, reflejando un aumento porcentual del 3 mil 339%. Este incremento supera considerablemente el promedio nacional del 79.3% registrado en el mismo periodo.
Las fluctuaciones en las cifras migratorias están asociadas a múltiples factores, incluyendo las políticas migratorias de Estados Unidos, las condiciones económicas en las comunidades de origen y la presencia de redes de apoyo en el extranjero.
Organizaciones sociales han señalado que un aumento en los retornos podría agravar los desafíos socioeconómicos del estado, particularmente en las regiones rurales e indígenas, donde la migración es una estrategia para enfrentar la pobreza y la falta de oportunidades.
Pueblo Sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana señalan que mientras las cifras reflejan tendencias a la baja, las complejidades del fenómeno exigen una atención integral y políticas públicas que beneficien tanto a los migrantes como a sus comunidades de origen para recibir a los chiapanecos que podrían ser regresados por Trump.
“El estado no está preparado”Luis García Villagrán
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), ha señalado que Chiapas no está preparado para recibir a miles de chiapanecos que podrían ser devueltos si Donald Trump cumple con sus amenazas de deportaciones masiva, como lo están haciendo otros estados del país como Nuevo León o Sonora.
Añadió que un promedio de 4 millones de mexicanos son candidatos a ser deportados por la administración del próximo presidente de EU.
Señaló que el principal problema radica en la falta de recursos y estrategias por parte del gobierno estatal para enfrentar esta problemática que se puede presentar a partir de los primeros días del gobierno de Donald Trump.
Comentó que estados como Nuevo León o Sonora ya preparan un presupuesto a petición de los diputados para apoyar a los deportados de Estados Unidos, y en Chiapas no se han tomado medidas concretas por parte del Congreso del Estado.
“El congreso local no ha mostrado interés en preparar al estado para este escenario, y eso deja a los deportados en una situación de vulnerabilidad extrema, principalmente por la pobreza que viven en sus comunidades”, advirtió García Villagrán.
Indicó que el retorno masivo de migrantes plantea retos logísticos y humanitarios, pues los chiapanecos deportados regresan a comunidades marginadas, donde las ayudas gubernamentales son insuficientes o inexistentes para sus familias que también sufrirán, porque ya no les enviarán recursos de los Estados Unidos.
Detalló que la falta de infraestructura y apoyo estatal podría desatar una crisis humanitaria similar o peor a la que enfrentan los migrantes que llegan a la frontera sur de México con Guatemala por lo que se debe tener un plan que hasta el momento no se conoce y no se habla de una estrategia de amortiguamiento de parte del gobierno estatal o federal.
El activista hizo un llamado al gobierno federal, estatal y a los municipales para enfrentar o estar preparados para lo que se viene en tema de deportaciones masivas de los Estados Unidos.
“El gobierno debe asumir su responsabilidad y preparar estrategias concretas para mitigar esta crisis. Los derechos humanos de los deportados y la estabilidad económica de Chiapas están en juego. No podemos ignorar esta problemática”, externó.
Puntualizó que la posibilidad de una nueva ola de deportaciones masivas de chiapanecos pone en evidencia la fragilidad del sistema estatal para atender una problemática que podría generar una crisis económica, social y humanitaria sin precedentes.
El fenómeno migratorio en la frontera sur de México con Guatemala promete ser uno de los grandes retos para el año 2025 para estados como Chiapas y ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Su discurso de endurecimiento de políticas migratorias, combinado con amenazas de deportaciones masivas o el regreso del programa Quédate en México, que mantuvo de enero de 2019 a enero de 2021 a 71 mil solicitantes de asilo que fueron retornados a territorio nacional bajo este programa, pondrían en jaque a la zona.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, Pueblos Sin Fronteras, el Centro de Dignificación Humana e Iniciativas para el Desarrollo Humano, entre otras, anticipan un año difícil, ya que consideran que con las políticas públicas mexicanas alineadas históricamente con las demandas de Estados Unidos se reforzarán las acciones de contención, deportación y control migratorio.
Explicaron que estas medidas han implicado una creciente militarización de las fronteras tanto de México, como de los Estados Unidos y una mayor persecución, así como operativos en contra de los migrantes que atraviesan el territorio nacional en busca de llegar a la Unión Americana.
Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que Tapachula, ciudad clave en la ruta migratoria, enfrenta grandes desafíos para garantizar los servicios básicos, empleos, educación y salud para las miles de personas que llegan a México a través de la frontera con Guatemala, por donde el año pasado ingresaron 228 mil 379 personas de manera irregular, de acuerdo a los datos oficiales.
Se teme que el 2025 sea especialmente caótico, regresen los conflictos, protestas e incluso los enfrentamientos con las autoridades, ya que consideran que se desbordarán nuevamente los sistemas de atención humanitaria y puedan generarse tensiones sociales y económicas como en el año 2021.
Comentaron que Tapachula ha sido escenario de múltiples crisis migratorias, con campamentos improvisados, personas durmiendo en las calles, parques bajo de los puentes y un mercado laboral incapaz de absorber a la población migrante.
Las organizaciones promigrantes consideran y esperan que esta situación se agrave en 2025, debido al incremento en la llegada de migrantes de todos los continentes del mundo y las amenazas de Donal Trump de incrementar aranceles a México si no contiene la migración.
Las ONG’s, señalan que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos implica un retorno a medidas más restrictivas y controvertidas, pues su retórica ya ha encendido las alarmas con propuestas como las deportaciones masivas que si se implementan pueden significar un aumento en el número de personas retornadas a México, muchas de las cuales no cuentan con redes de apoyo de parte del gobierno mexicano.
Además, el endurecimiento del asilo limitaría aún más las posibilidades de los migrantes para acceder a este recurso, dejándolos atrapados en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que el contexto de 2025 podría ser aún más complicado por la criminalización de los migrantes y los defensores de derechos humanos en México, por lo que el fenómeno migratorio este año promete poner a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos y la solidaridad de la sociedad.
La organización Iniciativas para el Desarrollo Humano no descarta que se militarice la frontera sur como ocurrió en la primera ocasión en la que Donald Trump estuvo al frente del gobierno estadounidense. Lo cual puede provocar violaciones graves de los derechos humanos, como ocurrió en años anteriores.
Daniel Francisco, miembro de dicha organización, consideró que habrá una persecución de la migración en espacios públicos para que las personas no estén descansando ni buscando organismos para salir de Tapachula.
“Consideramos que las políticas migratorias de Trump serán peores a las que vimos en 2018, cuando a través de presiones con el incremento de aranceles a México se militarizó la frontera sur con Guatemala”, abundó.
Añadió que ya hubo un ejercicio y violaciones de derechos humanos por los operativos que realizaban el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), lo cual se puede repetir por las mismas amenazas que ha hecho Trump a México de nueva cuenta.
Precisó que se pueden triplicar las medidas de seguridad para tener una mayor contención de la migración que busca llegar a los Estados Unidos por una mejor calidad de vida, lejos de la violencia, pobreza, inseguridad y persecución política.
Detalló que en 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió más de 500 elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal e incluso del Ejército Mexicano para contener la migración.
“Yo creo que el caos en la frontera sur se empezará a observar luego de seis meses del gobierno de Donald Trump, si cumple con deportar a los migrantes a la frontera sur de México con Guatemala o a la frontera norte”, abundó.
Externó que se tiene que esperar cuál es la capacidad de reacción que tendrá el gobierno de Claudia Sheinbaum si todos los migrantes son regresados a territorio mexicano, como lo ha amenazado el presidente del país norteamericano.
El fenómeno migratorio por la frontera sur de México ha experimentado un aumento en los últimos años, de acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. El año pasado se registraron 228 mil 379 migrantes que ingresaron al país de manera irregular; sin embargo, en 2024 esta cifra ya ha superado las expectativas, alcanzando 315 mil 887 migrantes al corte del mes de octubre 2024.
Este aumento es del 38% en el número de migrantes que ha ingresado a México por la frontera con Guatemala, lo cual posiciona a Chiapas como el punto de entrada principal para quienes buscan mejores condiciones de vida. Las ciudades de Tapachula, Huixtla y Tuxtla Gutiérrez han sido las más afectadas por este fenómeno.
Tapachula, considerada la puerta de entrada a México, ha registrado la llegada de más de 114,000 migrantes en lo que va de 2024 y enfrenta grandes desafíos en términos de infraestructura y atención humanitaria.
Huixtla, por su parte, ha recibido a más de 35,000 migrantes por ser uno de los municipios que está en la ruta obligatoria de las caravanas que han salido de Tapachula.
Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, también ha visto un aumento significativo en la llegada de migrantes, con más de 20 mil personas registradas hasta el corte actual realizado por el INM a finales del 2024.
Aunque Tuxtla Gutiérrez no es un punto de cruce principal de migrantes, se ha convertido en un centro de desahogo para Tapachula, luego que el INM ha movilizado a las personas en autobuses a fin de no concentrarlos en Tapachula.
Con el panorama actual que prevén organizaciones de la sociedad civil, México se enfrenta a un doble reto: garantizar la seguridad de los migrantes y de las comunidades receptoras mientras se gestionan las crecientes cifras de personas que buscan asilo o refugio en el país o los Estados Unidos.
El presidente de la Fundación México Presente de Atención a Migrantes, Agustín Figueroa Flores, en entrevista telefónica desde Comitán dijo que en los Estados Unidos podrían haber más de 500 mil chiapanecos, pero que por su condición migratoria irregular no es posible tener la cifra exacta, aunque la movilidad internacional ha ido creciendo y con las políticas públicas duras del gobierno estadounidense puede darse una deportación masiva.
Dijo que aunque la aportación de migrantes a la economía chiapaneca es fuerte el índice de remesas bajó entre un 2 y 3 % respecto al 2023 y aunque en 2024 se rebasó los 3 mil millones de dólares; pero si hay deportaciones estas bajarán.
Figueroa Flores, dijo que ha tenido contacto con amigos, líderes y conocidos en Houston, Florida y California, quienes le indican que hay alerta y podría crearse un panorama peor, aunque México busca estrategias con la cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
Expresó que hay nerviosismo y quienes ya buscan moverse a ciudades santuario o con mayor posibilidad de permanencia pues no descartan se genere una política de persecución y el regreso al poder de Trump podría implicar muchas cosas en el mapa político migratorio.
El defensor insiste que México y Chiapas en particular tendrían que hacer algo a favor de los migrantes. “Lamentablemente, la clase política no ha establecido una agenda integral a favor de los migrantes. No hay que ser pesimistas, ni alarmistas, pero hay que estar atentos, quienes corren mayor riesgo allá son los migrantes que se han ido por la falta de los principales satisfactores en sus lugares de origen”, indicó.
Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, dijo que ante un retorno masivo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar trae un proyecto importante que tiene que ver con el desarrollo de la frontera sur.
“La presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo está enterada del proyecto que traemos en Tapachula, esperamos el apoyo de la federación y de Estados Unidos incluso, porque es parte de los programas más importantes que trae el gobernador. Cómo poder Legislativo estamos prestos para ayudar, esperemos que pase, y una vez que se tenga el retorno masivos ya sabremos qué hacer, es un supuesto, seguramente se atenderá con los recursos que se tienen en el estado, a lo mejor no pasa nada y seguimos igual. Hay que estar muy pendientes para atender a los migrantes en caso que que haya la deportación”, indicó.
Asimismo, el diputado local de Tapachula, por Morena, Freddy Escobar Sánchez, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur del Congreso del Estado, prefirió no emitir algún comentario sobre el tema migratorio en Chiapas.
