Tras días de amenazas y presiones, entre 800 y mil locatarios del mercado Matías Castellanos, en Frontera Comalapa, fueron desalojados el domingo 14 de diciembre
Marvin Bautista
Entre 800 y mil locatarios del mercado “Matías Castellanos”, ubicado en el centro del municipio de Frontera Comalapa, fueron desalojados bajo supuestas amenazas de un grupo delincuencial.
Hasta el año pasado, el municipio de Frontera Comalapa fue el epicentro de la violencia en Chiapas, ya que grupos delincuenciales se disputaban la plaza, provocando enfrentamientos, cobro de piso, desapariciones, bloqueos y desplazamiento forzado; por lo que, ante este nuevo incidente, se han encendido las alertas de seguridad.
De acuerdo con locatarios, quienes pidieron la omisión de sus nombres, afirmaron que fueron obligados por integrantes de un grupo delincuencial a desalojar los espacios que por años ocuparon para llevar el sustento a sus familias.
Señalaron que en su momento buscaron el apoyo de la presidenta municipal de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada, quien se comprometió a que intervendría para llevar la voz de los locatarios ante las instancias correspondientes, con el objetivo de frenar el desalojo; sin embargo, la ayuda no llegó.
“La semana pasada llegó un grupo de personas que no se identificaron y solo dijeron que venían de parte de la presidenta Marli Trejo, y nos señalaron que teníamos hasta el día de ayer domingo para desalojar porque no habíamos obedecido ni cumplido con la cuota”, abundó una de las afectadas.
Afirmaron que, ante las constantes presiones, intimidaciones y acciones de fuerza para obligarlos a abandonar sus espacios de trabajo, el pasado domingo 14 de diciembre desalojaron el lugar que ocuparon por años.
Los locatarios aseguraron que, tras resistirse a dejar el mercado, principal fuente de ingresos y sustento para decenas de familias, desconocen dónde continuarán con sus actividades económicas, por lo que existe preocupación sobre cómo subsanarán sus necesidades básicas.
Finalmente, los locatarios hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado para que intervengan de manera inmediata, garanticen su seguridad e investiguen las denuncias, lo que consideran una destrucción injustificada de su fuente de trabajo y del tejido social que sostiene al mercado.
