Retiran comercios irregulares asentadas en vía federal y detectan una red que cobraba trámites falsos a migrantes
Carlos Mejía y Alejandro Gómez
Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron este viernes un operativo de desalojo en un asentamiento irregular ubicado frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde además se detectó la operación de falsos gestores que estafaban a personas migrantes con supuestos trámites para obtener refugio.
De acuerdo con funcionarios que participaron en la intervención, desde hace semanas se habían recibido denuncias contra un hombre que se presentaba como abogado especializado en temas migratorios y que, junto con un colaborador, instaló un cibercafé y una construcción de block dentro del terreno invadido. Desde ahí operaba una supuesta “oficina de trámites” donde cobraba entre 2 mil y 5 mil pesos por gestionar documentos que Comar solicita como requisitos, muchos de los cuales eran clonados o totalmente falsos. Migrantes afectados confirmaron que sus solicitudes eran rechazadas por tratarse de papelería apócrifa.
Los denunciantes describieron al principal implicado como un hombre de entre 35 y 40 años, complexión robusta, 1.75 metros de estatura y tatuajes en ambos brazos. Su colaborador fue identificado como un sujeto de entre 32 y 35 años, complexión delgada, barba tipo candado y cerca de 1.70 metros de altura. Ambos aseguraban haber sido enviados desde la Ciudad de México para agilizar trámites, lo cual no era cierto.
En paralelo a estas denuncias, distintas dependencias coordinaron un operativo internacional para la liberación del derecho de vía federal, considerado de alto riesgo por el flujo constante de vehículos. En ese punto operaban puestos fijos y semifijos instalados sin autorización, algunos presuntamente “permitidos verbalmente” en administraciones pasadas, pero sin sustento legal.
Víctor Manuel Martínez, coordinador jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que se retiraron 9 puestos fijos y 26 semifijos que no contaban con permisos vigentes. Durante la revisión, solicitada por la propia Comar, se detectó que 80% de los comerciantes eran personas migrantes o en situación de movilidad, mientras que el 20% restante correspondía a ciudadanos mexicanos, algunos con estructuras fijas montadas sobre el derecho de vía.
Antes del desalojo, las autoridades emitieron apercibimientos, notificaciones formales y audiencias individuales, en las que se informó a cada ocupante que estaba en un espacio irregular y sin autorización. Además, se confirmaron viviendas y locales improvisados con conexiones ilegales de energía, lo que representaba riesgos adicionales.
“Siempre actuamos con respeto a los derechos humanos. Primero informamos, dialogamos y buscamos concientizar a las personas, ya que este tramo es considerado de riesgo por la alta circulación de vehículos y la posibilidad de accidentes”, expresó Martínez.
Tras el plazo de 48 horas otorgado el miércoles para el retiro voluntario, este viernes se llevó a cabo el desalojo pacífico, con presencia del fiscal de distrito y diversas corporaciones. A quienes aún permanecían en el lugar se les permitió retirar sus pertenencias.
Martínez reiteró que el objetivo del operativo no es impedir el trabajo de nadie, sino ordenar la zona: “El objetivo principal es tener una ciudad ordenada y segura, pues no se niega el derecho al trabajo; simplemente se busca que se ejerza de manera regulada y con los permisos correspondientes”.
