Comunidades cafetaleras de la zona alta se organizan para exigir mayor presencia de seguridad ante el incremento de secuestros y robos
Manuel Núñez
El llamado de las comunidades cafetaleras es claro: una intervención inmediata para evitar que la situación se deteriore aún más.
Ante el aumento de secuestros, robos y extorsiones en la zona cafetalera, al menos seis comunidades de la zona alta decidieron organizarse y reactivar la Policía Auxiliar Rural para la seguridad de la región.
En entrevista, Wilmar Alonso López González, presidente del poblado de San José de Japa y de la asociación civil local, señaló que la inseguridad ha alcanzado niveles preocupantes en comunidades como La Patria, Cantón Chicharra, Ejido San Antonio, Ejido 26 de Octubre y San José de Nejapa.
“El gobierno nos ha abandonado en el tema de seguridad. El mes pasado se desató una ola de violencia, secuestros y extorsiones. Exigimos más vigilancia en la zona”, declaró el López González.
Los cafetaleros y pobladores demandan que los tres niveles de gobierno refuercen la seguridad con patrullajes constantes, especialmente en las noches, cuando, según denuncian, la actividad delictiva se incrementa. David Franco Rodríguez, secretario del Ejido 26 de Octubre, relató una situación reciente en la que los habitantes retuvieron a un presunto delincuente y pidieron apoyo a la policía municipal, pero nunca recibieron respuesta. “Nos hicieron esperar hasta las dos de la mañana y luego nos dijeron que ya no iban a subir”, lamentó.
El temor de los habitantes también radica en la impunidad. Edmundo Velázquez Pérez, residente de la zona Chicharra, denunció que personas detenidas por presuntos delitos han sido liberadas rápidamente. “Las autoridades deben aplicar la ley. La gente está cansada y teme que, ante la falta de justicia, las comunidades decidan tomar medidas por su cuenta”, advirtió.
El impacto de la inseguridad afecta no solo la vida cotidiana de los habitantes, sino también la economía local. Los cafetaleros han sido víctimas de robos constantes y secuestros, lo que pone en riesgo su producción y sustento. “No queremos que esto llegue a extorsiones más graves”, alertó Velázquez Pérez.
Los pobladores han dejado claro que, si no obtienen respuestas concretas por parte de las autoridades municipales y estatales, tomarán nuevas acciones, incluyendo protestas ante la fiscalía y el ayuntamiento. “No es un problema que se vaya a detener por sí solo. Necesitamos seguridad ya”, enfatizó Franco Rodríguez.
